Una nueva semana de paro universitario reflotó el conflicto por el financiamiento de las casas de estudio públicas, en un escenario atravesado por reclamos salariales, deudas presupuestarias y advertencias sobre el funcionamiento de las instituciones. La medida de fuerza, de alcance nacional, se articula con la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del próximo 12 de mayo, con el objetivo de reforzar el respaldo social en defensa del sistema público.

Desde ADURN, la secretaria gremial Silvia Torres Robles señaló que el eje del conflicto pasa por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y todavía sin aplicación efectiva. Explicó que el reclamo incluye la actualización de partidas presupuestarias, recomposición salarial y recursos para becas estudiantiles, en un contexto en el que las universidades arrastran una deuda estatal estimada en 2,5 billones de pesos.

La dirigente advirtió además sobre la pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria, que ubicó cerca del 40 por ciento, e incluso sostuvo que algunos cálculos la ubican por encima de ese porcentaje. “Estamos en un punto en el que necesitamos manifestarnos”, planteó al justificar la semana de paro, al tiempo que remarcó que el deterioro salarial empieza a traducirse en renuncias y dificultades para sostener cargos docentes.

En ese marco, Torres Robles describió que muchas universidades están funcionando “por inercia”, con impacto no sólo en el dictado de clases sino también en áreas de investigación y extensión. Alertó que la crisis excede lo salarial y alcanza a la calidad educativa, los proyectos científicos y el vínculo de las universidades con la comunidad.

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También cuestionó la decisión del Gobierno nacional de recurrir a instancias judiciales para dilatar la implementación de la norma. Sostuvo que, tras distintos fallos y vencimientos procesales, la ley “sigue vigente y debe cumplirse”, y reclamó además la reapertura de paritarias para discutir salarios y presupuesto.

En paralelo, durante la semana de protesta se busca profundizar acciones de visibilización y sumar adhesiones hacia la movilización prevista para mayo. La convocatoria apunta tanto a la comunidad universitaria como a distintos sectores sociales, en línea con las masivas marchas que el año pasado pusieron en el centro del debate la situación de la educación superior.

Para la conducción gremial, el respaldo social aparece como un factor clave para presionar por una salida al conflicto. En ese sentido, Torres Robles vinculó el reclamo con la defensa del acceso a la educación pública para futuras generaciones y advirtió que el escenario actual pone en riesgo la continuidad de un sistema que, señaló, también sostiene oportunidades de desarrollo para amplios sectores de la sociedad.

La protesta se inscribe en una escalada de medidas impulsadas por federaciones docentes y no docentes, con el foco puesto en el financiamiento universitario, la recuperación salarial y la defensa de la universidad pública como eje de una disputa que promete seguir en agenda en las próximas semanas.