La atención en residencias para personas mayores podría incorporar por primera vez criterios mínimos obligatorios sobre personal de cuidado, a partir de una iniciativa legislativa que busca fijar estándares según la cantidad de residentes y sus niveles de dependencia, con foco en la calidad asistencial y las condiciones laborales.

La propuesta impulsa una actualización de la reglamentación de las leyes provinciales 3474 y 3640, con el objetivo de incorporar criterios técnicos que definan una relación mínima entre trabajadoras y trabajadores de cuidado y personas residentes, tanto en instituciones públicas como privadas. El planteo apunta a cubrir un vacío regulatorio que, según se advierte, hoy dificulta establecer pautas homogéneas para evaluar la calidad de atención.

El proyecto, presentado por el legislador Javier Acevedo, también incorpora otro eje: el control sobre las condiciones laborales en el sector privado. En ese punto, solicita la intervención de la Secretaría de Trabajo —o del área que corresponda— para fortalecer acciones contra el trabajo no registrado, promover la formalización del personal, garantizar acceso a seguridad social y favorecer instancias de capacitación continua.

La iniciativa plantea que la ausencia de una dotación mínima definida no sólo repercute en la organización de los establecimientos, sino que puede derivar en sobrecarga laboral, afectar el acompañamiento cotidiano y comprometer el bienestar integral de las personas mayores, especialmente en casos que requieren asistencia permanente.

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Otro de los argumentos que sostiene el proyecto es la necesidad de incorporar criterios diferenciados según el grado de autonomía o dependencia de las personas alojadas, tomando como referencia recomendaciones técnicas que contemplan distintos niveles de cuidado. Ese esquema, se señala, permitiría mejorar tanto la atención personalizada como las tareas de fiscalización estatal.

Además, el planteo busca extender estándares mínimos de calidad a todo el sistema residencial de la provincia, incluyendo al sector privado, donde también se advierte sobre situaciones de precarización laboral que impactan en el funcionamiento de los espacios de cuidado.

Al fundamentar la propuesta, Acevedo sostuvo que las normas vigentes contienen lineamientos generales, pero carecen de definiciones técnicas precisas sobre dotación de personal, lo que —advirtió— genera dificultades para controlar la calidad del servicio y prevenir riesgos para la integridad física, psíquica y emocional de las personas mayores.

El legislador también puso el acento en la necesidad de que el Estado avance en herramientas concretas para garantizar condiciones dignas de trabajo y estándares adecuados de atención, y remarcó que establecer esos parámetros resulta central para ordenar un sistema sensible, atravesado por demandas crecientes vinculadas al cuidado.