El pedido de archivo de una causa que investiga presuntas infracciones electorales del gobernador Alberto Weretilneck y de candidatos de Juntos Defendemos Río Negro derivó en una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Marcos José Escandell, quien tiene competencia electoral en la provincia. La presentación cuestiona los fundamentos utilizados para impulsar el cierre de la investigación y reclama que se evalúe su actuación.

El legislador provincial José Luis Berros, presidente del bloque Vamos Con Todos, presentó la denuncia ante la Procuración General de la Nación por presunta negligencia grave e incumplimiento de los deberes funcionales del fiscal, en el marco de la causa vinculada con la elección nacional de octubre de 2025.

El planteo de Berros apunta a que Escandell habría solicitado archivar las actuaciones porque los candidatos y funcionarios denunciados no ganaron los comicios. Para el legislador, ese argumento no permite descartar la posible existencia de infracciones al Código Electoral Nacional.

“La legalidad electoral no puede depender de quién gana o quién pierde”, sostuvo Berros. En esa línea, afirmó que el resultado de una elección no determina si una conducta estuvo permitida y que las posibles irregularidades deben investigarse con independencia del resultado de las urnas.

Los hechos que originaron la denuncia

La causa cuestionada investiga presuntas irregularidades atribuidas a Juntos Somos Río Negro durante la última elección nacional, entre ellas una posible violación del artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional, que prohíbe realizar actos de gobierno o políticas públicas que puedan utilizarse para favorecer electoralmente a candidatos a cargos nacionales.

Entre los hechos señalados figura la presunta utilización de fondos públicos mediante una triangulación de recursos enviados a entidades deportivas para contratar artistas. La operación habría estado vinculada con un evento organizado por el Gobierno de Río Negro los días 1 y 2 de octubre de 2025, por el Día Internacional de las Personas Mayores.

La presentación sostiene que las actividades fueron realizadas y difundidas en redes sociales durante la veda electoral y que contaron con la participación de candidatos del partido provincial. Estos hechos forman parte de las irregularidades cuya investigación, de acuerdo con Berros, debería continuar.

El legislador también cuestionó que no exista una decisión judicial que haya determinado la inexistencia del delito electoral denunciado. En su presentación, argumenta que el impulso del archivo se apoya en el dictamen fiscal y en la derrota electoral del oficialismo, sin que ese resultado permita descartar por sí mismo la relevancia de los hechos investigados.

Otro eje de la denuncia es la relación entre los votos obtenidos y la distribución de recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos. Berros sostiene que una eventual infracción no puede considerarse irrelevante por el solo hecho de que los candidatos involucrados no hayan conseguido ganar la elección.

Para respaldar esa posición, el escrito cita la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. En particular, hace referencia al artículo 9, que establece que el 80% de los recursos del Fondo Partidario Permanente se distribuye proporcionalmente a la cantidad de votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados nacionales, de acuerdo con los requisitos legales.

“Que no hayan ganado no significa que la eventual infracción haya sido inocua”, expresó Berros al cuestionar el razonamiento atribuido al fiscal. El planteo sostiene que los votos tienen consecuencias que exceden la obtención de bancas, ya que también inciden en la asignación de recursos para el funcionamiento de las fuerzas políticas.

La presentación remarca, además, que el Ministerio Público Fiscal tiene la responsabilidad de examinar los hechos denunciados, evaluar las pruebas y, cuando corresponda, impulsar la acción ante el juez competente. Si bien la aplicación de sanciones corresponde al órgano judicial, Berros considera que esa atribución no exime a la fiscalía de promover el control de la legalidad electoral.

Qué pidió Berros

La denuncia fue presentada en los términos del artículo 68, incisos b) y e), de la Ley 27.148, que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. El legislador solicitó que la Procuración General de la Nación evalúe la actuación de Escandell, investigue una eventual responsabilidad disciplinaria y adopte las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente y al reglamento disciplinario del organismo.

La presentación no constituye una resolución sobre la existencia de las infracciones electorales denunciadas ni sobre la responsabilidad del fiscal. El planteo busca que la autoridad competente analice su actuación en el trámite de la causa y determine si corresponde adoptar medidas disciplinarias.