El monto máximo previsto para los procesos de menor cuantía en los Juzgados de Paz de Río Negro fue ampliado a dos millones setecientos mil pesos ($2.700.000), una medida que extiende el alcance de este tipo de reclamos y refuerza su utilización como una vía ágil y gratuita para la resolución de conflictos económicos.

Los procesos de menor cuantía permiten a las personas canalizar reclamos de manera rápida, sencilla e informal en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz. El mecanismo está orientado a resolver conflictos cotidianos sin necesidad de atravesar instancias judiciales complejas ni asumir costos económicos.

Desde el Poder Judicial de Río Negro se explicó que el procedimiento se inicia mediante un formulario presentado en carácter de demanda, a través del cual se reclama un monto de dinero en pesos a la contraparte. El trámite es verbal, gratuito e informal, pero garantiza el derecho de defensa y se rige por principios como la bilateralidad, la igualdad y la colaboración entre las partes.

En la provincia funcionan actualmente 49 Juzgados de Paz distribuidos en todo el territorio, que en muchos casos constituyen el primer y más cercano contacto de la ciudadanía con el sistema judicial. Además de los procesos de menor cuantía, estos organismos atienden contravenciones, notificaciones, certificaciones, autorizaciones, juicios ejecutivos, ejecuciones fiscales, pedidos de beneficio de litigar sin gastos, audiencias y cartas poder, entre otras actuaciones.

La modificación del monto máximo fue dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que resolvió unificar el nuevo tope para todos los Juzgados de Paz de la provincia. Con esta actualización, se amplía el universo de conflictos económicos que pueden resolverse a través de este procedimiento.

Desde el ámbito judicial se precisó que quedan excluidos de los procesos de menor cuantía los juicios vinculados a sucesiones, familia, cuestiones laborales y desalojos, que deben tramitarse por otras vías. Aun así, este régimen continúa siendo una herramienta vigente para la resolución de reclamos económicos y conflictos vecinales, con alcance territorial y sin costos para quienes recurren al sistema.