La Justicia confirmó este miércoles la continuidad de la prisión preventiva del único imputado en la causa por el femicidio de Silvia Cabañares y ratificó la prórroga del plazo de investigación. La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión realizada en el Foro Penal de Cipolletti, a pedido de la defensa.

En la audiencia intervino un juez de revisión, quien analizó los planteos formulados por el abogado particular del acusado, imputado como partícipe necesario del hecho. La defensa sostuvo que su asistido no integraba el círculo íntimo de la víctima ni mantenía vínculo con las personas que declararon como testigos, por lo que —según argumentó— no existiría riesgo de entorpecimiento del proceso.

Además, solicitó que se fijara como fecha límite el 3 de febrero para el ingreso de nuevas evidencias a la causa y requirió que se dejara sin efecto la prórroga del plazo de investigación oportunamente concedida. En ese marco, pidió también que se dispusiera la libertad del imputado.

Por su parte, el fiscal jefe expuso que la investigación continúa en curso y que el Ministerio Público Fiscal se encuentra trabajando en la recolección de pruebas para esclarecer el hecho. Indicó que, una vez precisada la conducta atribuida al imputado, se avanzó en la reformulación de cargos, en cumplimiento de las garantías procesales y el principio de objetividad.

El representante del Ministerio Público sostuvo que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación y que la medida cautelar vigente resulta necesaria para resguardar el proceso. En ese sentido, planteó que la prisión preventiva constituye la única herramienta adecuada para evitar interferencias mientras se continúan produciendo evidencias.

Al resolver, el juez de revisión señaló que la situación procesal no presenta modificaciones sustanciales, más allá del cambio en la calificación respecto del rol atribuido al imputado, quien pasó de ser señalado como autor a partícipe necesario. Consideró razonable la solicitud fiscal de ampliar el plazo investigativo y destacó que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, fundamentar sus sospechas y requerir medidas ante el órgano judicial.

Finalmente, el magistrado confirmó la decisión adoptada previamente por la jueza interviniente, que había otorgado dos meses adicionales para la investigación, dispuesto la continuidad de la prisión preventiva y ordenado el traslado del imputado a un establecimiento dependiente del Servicio Penitenciario Provincial.