El debate oral y público seguido contra un hombre acusado de abuso sexual agravado contra una adolescente concluyó este martes en la ciudad de Viedma, con un pedido coincidente de la Fiscalía y de la Defensa de Menores para que se declare su responsabilidad penal. El proceso judicial se originó a partir de hechos que habrían ocurrido en Sierra Grande, en el marco de una situación de guarda y convivencia dentro del programa estatal de Familias Solidarias.
El juicio se desarrolló a lo largo de tres jornadas, durante las cuales prestaron declaración alrededor de diez personas convocadas como testigos. A ese conjunto probatorio se sumó el testimonio de la adolescente mediante la reproducción de su entrevista en Cámara Gesell, además de la declaración del propio imputado. Finalizada la etapa probatoria, se dio lugar a los alegatos de clausura de las partes.
En su exposición final, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el tribunal declare penalmente responsable al acusado por cuatro hechos de abuso sexual, presuntamente cometidos mientras ejercía la guarda de la adolescente y convivía con ella. Según lo planteado por la acusación, los episodios habrían ocurrido durante el período en que la joven se encontraba alojada en la vivienda del imputado, de la cual posteriormente fue retirada tras un conflicto con la pareja del hombre.
La Fiscalía también incorporó en su acusación el delito de corrupción de menores, al sostener que el imputado habría entregado dinero a la adolescente con el objetivo de que no revelara los hechos. De acuerdo con lo expuesto, esta conducta se habría producido con posterioridad a los abusos denunciados y fue presentada como parte del mismo contexto de vulneración.
Al fundamentar el pedido de responsabilidad penal, la acusación señaló que la prueba reunida resultó concordante. Entre los elementos destacados se mencionó la declaración de la adolescente realizada mediante el dispositivo de Cámara Gesell, que, según indicaron, se mantuvo consistente a lo largo del tiempo. También se valoraron los aportes de profesionales y operadores de organismos de protección de derechos, quienes dieron cuenta del momento en que los hechos fueron revelados y del acompañamiento institucional posterior.
Durante los alegatos se indicó además que la denuncia fue efectuada por integrantes de equipos técnicos del organismo de niñez, y que los testimonios permitieron reconstruir el vínculo entre el imputado y la adolescente, marcado por una relación asimétrica derivada de la edad y de la guarda ejercida. En ese marco, se mencionaron las consecuencias personales que atravesó la joven tras la develación de los hechos y las dificultades iniciales para formular la denuncia, vinculadas a su situación personal y familiar.
La Defensa de Menores adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que los hechos se encontraban acreditados. En su intervención, remarcó la situación de especial vulnerabilidad de la adolescente, la obligación de cuidado que recaía sobre el imputado y el incumplimiento de ese rol, así como el impacto que el proceso tuvo en la trayectoria vital de la joven.
Por su parte, el abogado defensor del acusado solicitó el sobreseimiento, al considerar que los hechos no fueron probados durante el debate. El tribunal, integrado por tres jueces, pasó a deliberar y anunció que el veredicto será dado a conocer el próximo 17 de diciembre.
13 diciembre 2025
Judiciales