En San Carlos de Bariloche comenzó este lunes el juicio oral y público al exintendente Gustavo Gennuso, acusado por dos hechos que constituyen el delito de peculado. Según la acusación fiscal, en 2016 el entonces jefe comunal habría dispuesto de manera irregular de fondos públicos provenientes del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”, destinados a la edificación de 871 viviendas en distintos barrios de la ciudad.

Durante los alegatos de apertura, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que Gennuso “consumó uno de los delitos previstos por el Código Penal entre aquellas conductas que atentan contra la correcta administración de la cosa pública”. En esa línea, el fiscal jefe afirmó que el exintendente “se valió de las prerrogativas de su cargo para defraudar la confianza pública y administrar el patrimonio municipal de forma arbitraria y en contradicción con la ley penal del Estado argentino”.

De acuerdo con la teoría del caso, Gennuso habría autorizado dos operaciones bancarias mediante las cuales apartó del control municipal un total de 105 millones de pesos provenientes de los convenios ACU 2274/2013 y ACU 624/2015. Los fondos nacionales, depositados originalmente en una cuenta oficial del municipio en el Banco de la Nación Argentina, habrían sido transferidos al Banco Credicoop y utilizados para la constitución de plazos fijos, sin ser restituidos al Estado Nacional ni rendidos conforme a las normas correspondientes.

El Ministerio Público señaló que dichas operaciones se realizaron en enero y octubre de 2016, durante el primer mandato de Gennuso, y que el dinero no se destinó al pago de las empresas constructoras ni fue reintegrado a la Nación. Según los fiscales, estas acciones “quebrantaron la esfera de administración y custodia de los caudales públicos, afectando el normal desenvolvimiento patrimonial del municipio y la confianza pública depositada en su gestión”.

Por su parte, la defensa del exintendente manifestó que su estrategia se centrará exclusivamente en los hechos imputados, sin abordar cuestiones relacionadas con la utilización o restitución de los fondos, ni con litigios administrativos en curso. En su alegato, sostuvo que la Fiscalía “no podrá acreditar con el grado de certeza necesario que las operaciones descritas hayan obstaculizado el normal funcionamiento de la administración o del control municipal”.

Durante la primera jornada declararon tres testigos a través de videoconferencia, todos ellos funcionarios nacionales: un exsubsecretario del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la abogada denunciante e instructora sumariante del Ministerio del Interior y una profesional de planta permanente del Ministerio de Economía.

El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado y continuará este martes a las 9:00 con la recepción de nuevas declaraciones testimoniales. Las audiencias se extenderán hasta el viernes.