El próximo 16 de marzo se realizará en Viedma la audiencia de formulación de cargos en la causa por certificados médicos presuntamente falsos utilizados para tramitar licencias en el Estado provincial. La investigación involucra a una médica de General Roca, a su pareja —quien habría actuado como gestor— y a 129 agentes públicos señalados como partícipes necesarios.

La audiencia estará a cargo del fiscal Adrián Dvorzak y se llevará a cabo en el auditorio mayor de los tribunales viedmenses, debido al número de personas convocadas. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes judiciales, se trata de una de las acusaciones con mayor cantidad de imputados en la provincia.

La causa se originó en junio de 2024, cuando el Gobierno de Río Negro presentó una denuncia por la emisión de certificaciones médicas que consideró apócrifas. La presentación fue firmada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y el adjunto Luciano Minetti.

A partir de esa denuncia, el Ministerio Público avanzó con allanamientos en consultorios y domicilios vinculados a una médica de Roca y a un psiquiatra de Villa Regina. En los procedimientos se secuestró documentación, teléfonos celulares y computadoras.

La investigación se concentró en la operatoria vinculada a la profesional roquense. De acuerdo a los datos reunidos por la fiscalía, se habrían constatado depósitos o transferencias por un monto de 5.000 pesos por certificado —valor fijado en junio de 2024— a favor de la pareja de la médica, un agente penitenciario que habría actuado como intermediario. En simultáneo, los agentes públicos obtenían certificados médicos para tramitar licencias por enfermedad laboral o por atención de familiar.

La acusación prevé encuadrar los hechos en los delitos de fraude a la administración pública y uso de documentación falsa. En ese marco, la médica y su pareja serán señalados como autores, mientras que los estatales que habrían requerido y utilizado los certificados figuran como partícipes necesarios.

La nómina de imputados incluye a 90 policías, 28 agentes del servicio penitenciario, cinco docentes y seis trabajadores del municipio de Roca. El volumen de personas involucradas obligó a organizar un operativo especial para cursar las notificaciones, tarea que fue canalizada a través de los organismos donde prestan servicio.

En paralelo, un tramo de la investigación provincial que involucraba al psiquiatra de Villa Regina no avanzó a instancia de acusación. Según se informó, las certificaciones emitidas por ese profesional fueron ratificadas por la Junta Médica, lo que debilitó las sospechas iniciales y dejó sin sustento la imputación en ese caso.

La investigación penal es encabezada por un equipo integrado por el fiscal Juan Pedro Peralta, junto a la fiscal Mariana Giammona y los adjuntos Francisco Marano y Candelaria Molineux.

El expediente que llegará a audiencia el 16 de marzo se centra exclusivamente en las certificaciones atribuidas a la médica de Roca y en la presunta participación de los agentes públicos que las habrían requerido. Será en esa instancia donde la Fiscalía formalice las imputaciones y exponga el detalle de los hechos atribuidos a cada una de las personas involucradas.