Por Andrés Alvarenga*
El Estado Nacional se borra, y delega a las provincias la asistencia a personas en situación de calle.
Delegan la asistencia a personas en situación de calle y se limitan a mandar directrices. El Estado se borra, pero con prolijidad administrativa.
El Decreto 373/2025, firmado por Javier Milei, Sandra Pettovello y Guillermo Francos, es una de las decisiones más duras del actual gobierno: un país sin abrigo, sin cuidado, sin Estado.
El decreto modifica la Ley 27.654, que garantizaba el acceso a la vivienda y asistencia a personas en situación de calle. Lo que antes era una obligación estatal, hoy es apenas un título sin contenido: el Estado Nacional se limita a ser “órgano rector” y traslada toda la gestión de la asistencia directa a provincias y municipios, sin recursos ni condiciones.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia queda como autoridad desde la distancia: coordina, but no ejecuta. Es la figura perfecta del abandono disfrazado de presencia normativa.
En paralelo, los relevamientos son contundentes: en abril-noviembre de 2024, la Ciudad de Buenos Aires censó 4.049 personas en situación de calle —un 23?% más que el año anterior—, de las cuales 1.236 dormían en la vía pública. En mayo de 2025, organizaciones sociales registraron 1.483 personas en una sola comuna porteña. En todo el país, el Relevamiento Nacional de 2023 estima al menos 9.440 personas sin techo, casi el doble que el último censo del INDEC.
En Río Negro, aunque no hay datos oficiales actualizados, las encuestas universitarias y relevamientos locales confirman una tendencia de crecimiento en la demanda de asistencia, especialmente en Viedma y Bariloche. No hace falta un censo oficial para ver el incremento: la crisis social está en la calle.
Para algunas provincias, el costo presupuestario de aplicar estos programas no implica quiebras. Pero el punto no es el costo: es la acción política. El gobierno Nacional recauda más de $2,5 billones anuales por impuesto al combustible —destinado al mantenimiento vial—, y luego retiene fondos que deberían ir a Vialidad Nacional. Resultado: las rutas nacionales en Río Negro (22, 151, 23 y 40) están intransitables y deterioradas.
En resumen: miles de millones recaudados, que ni se traducen en rutas seguras ni en asistencia social. El efecto no es técnico, es político: la Nación decide no ejecutar, no invertir y no intervenir. Lo deja para otros, y así se lava las manos.
Desde que asumió, este gobierno viene descargando responsabilidades: retira planes, reduce fondos a la educación y salud, licúa el presupuesto de las provincias, congela obras, y ahora se desentiende de quienes viven en la calle. Todo bajo la bandera de la “subsidiariedad”, pero en la práctica es un proceso de dejación sistemática.
Las provincias, sin embargo, deberán seguir en pie. Deberán organizarse, probar, relevar, asistir. Porque la que no lo haga, verá cómo la crisis social se le va de las manos. Serán ellas las que deban absorber la debacle, mientras el Estado Nacional observa desde lejos cómo otros hacen el trabajo que él eligió abandonar.
Esto no es una crisis pasajera: es la manifestación de una decisión de Estado. Una política diseñada para reducir la presencia estatal donde más se necesita, mientras se fortalecen los mercados y se debilita el cuidado colectivo.
No es cuestión de presupuesto, sino de voluntad. No es un problema de capacidad, sino de decisión. No se trata de cuánto cuesta, sino de qué Estado queremos. Y para quienes creen que la libertad está por encima de los derechos, aquí están las consecuencias: personas al borde del frío, rutas en ruinas y un país que prefiere mirar hacia otro lado.
Presidente Igualdad Río Negro*
15 julio 2025
Opinion