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El bloque de legisladores del Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó en la Legislatura provincial tres iniciativas destinadas a atender las consecuencias del incendio en El Bolsón. Los proyectos buscan regularizar la situación dominial de los pobladores afectados, establecer planes de contingencia contra incendios en áreas protegidas y garantizar asistencia a trabajadores estatales damnificados.
Uno de los proyectos apunta a declarar la “Emergencia Territorial” en Mallín Ahogado, zona donde muchos pobladores habitan tierras fiscales sin adjudicación en venta. La propuesta contempla la agilización de expedientes para otorgar plenos derechos sobre los terrenos y la creación de un fondo específico para quienes no puedan costear los trámites de mensura. También establece la suspensión de transferencias, compra-venta o cesión de derechos sobre mejoras en tierras fiscales para evitar la especulación inmobiliaria en la zona afectada.
Otra de las iniciativas plantea la creación de planes de contingencia contra incendios en las Áreas Naturales Protegidas reguladas por la Ley Nº 2.669, como el Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE). Según datos presentados en la Legislatura, el objetivo es garantizar la actualización y ejecución efectiva de estos planes, con inversión en prevención y mantenimiento de los bosques protegidos. Los legisladores advirtieron sobre la falta de asignación presupuestaria en los últimos años para combatir incendios en la región. En 2023, por ejemplo, se ejecutó menos de la mitad de los fondos asignados, y en 2024, hasta noviembre, solo se había utilizado el 10% del presupuesto vigente.
El tercer proyecto está destinado a la asistencia de los afectados, proponiendo una licencia especial de 90 días para los trabajadores estatales que deban realizar gestiones vinculadas a la reconstrucción de sus bienes. También se prevé presentar un proyecto de ordenanza similar para empleados municipales. Además, la propuesta contempla que el Estado provincial asuma los descuentos salariales establecidos por ley durante la vigencia del decreto 75/25, con el objetivo de garantizar el acceso a prestaciones como las brindadas por IPROSS e IPAPS.
Los legisladores que impulsan estas medidas sostienen que, ante la emergencia, es fundamental que el Estado provincial implemente políticas específicas para evitar nuevas catástrofes y acompañar a quienes han resultado damnificados.
14 marzo 2025
Río Negro