Representantes de la Multisectorial que se opone a la derogación de un artículo de la ley 3308, específicamente el que prohíbe el transporte, carga y descarga de hidrocarburos en el golfo San Matías, recurrirán a la Justicia porque consideran que la norma provincial que avanza en ese sentido y que será sancionada en la Legislatura este viernes avasalla derechos ambientales adquiridos.

Además, marcharán a Viedma y se concentrarán en las calles de San Antonio Oeste, para expresar su rechazo a la construcción de un oleoducto desde Vaca Muerta a Punta Colorada, inversión anunciada por YPF y que motoriza el tratamiento y aprobación de la nueva ley.

Así lo anunció Fabricio Di Giácomo, uno de los integrantes de la Multisectorial, quien informó que el grupo se conformó el mismo viernes 26 a la mañana -después de la aprobación de la norma en primera vuelta- “con vecinos y vecinas que expresaron su preocupación de lo que se había votado en la Legislatura, para unificar criterios, iniciar la lucha y el reclamo y juntar fuerzas”.

Explicó que existen “cuestiones legales, porque más allá de que hay un aspecto que ya sabemos que es el impacto ambiental que genera un oleoducto y una estación de carga y descarga en el mar, de los cuales no hay ejemplos en el mundo que no hayan contaminado, con accidentes o sin accidentes, entendemos que todos los legisladores que votaron a favor están haciendo algo ilegal o inconstitucional”.

Dijo que “existe un acuerdo internacional firmado por el presidente de la Nación que implica un principio de no regresión sobre derechos ambientales”.

Entendió que “hay una presión política y económica por parte de YPF y del gobierno, pero nos atenemos a la disputa legal, lo inconstitucional es que esta norma implica modificar la 3308 que es un derecho ambiental adquirido. El principio de no regresión sobre un derecho ambiental no importa si se refiere a una parte de la ley 3308 o al todo. Es como si porque necesitamos más producción, vamos a reducir los derechos laborales. Los derechos ambientales adquiridos no se pueden derogar”.

Sostuvo que legisladores les informaron que el proyecto de ley “no habla del proyecto de YPF, pero en toda la fundamentación aparece Vaca Muerta”. Agregó que “todas las empresas internacionales que explotan el petroleo en Neuquén no pueden hacerlo en su país porque tienen prohibido el fracking”.

Indicó que “la ilegalidad no es una cuestión de caprichos personales, estamos asesorados por abogados en derecho ambiental”.

Planteó que existen otras alternativas para generar empleo y producción, como las energías renovables con molinos de viento. Contó que en Chile ya se está trabajando para abastecer a todo ese país y aunque reconoció que “también tiene un impacto ambiental al menos se piensa en energías renovables y no se sigue insistiendo con la idea extractivista”.

Consideró que “no se puede hablar de desarrollo y de trabajo cuando el proyecto de YPF habla de mil puestos por mes durante la construcción y en funcionamiento sólo 100 puestos, pero la pesca y el turismo estarían en riesgo, y en ellos hay miles de trabajadores y trabajadoras que están activos todo el año”.

Destacó que “simplemente con que los buques entren y salgan del golfo ya van a generar alteración en el ecosistema, por eso vamos a manifestarnos frente a la Legislatura pero también en San Antonio Oeste. Tenemos intención de hablar, vamos a ir a Sierra Grande a entrevistarnos con vecinos y vecinas, abrimos todas la puertas y estamos dispuestos a hablar, entendiendo que hay otras alternativas de desarrollo”.