La disputa institucional que atraviesa Allen sigue generando conflictos, esta vez alrededor de la presidencia del Concejo Deliberante. El ciudadano, elector y contribuyente Fernando Omar Rodríguez presentó tres actuaciones para cuestionar la continuidad de Fabián Figueroa al frente del cuerpo legislativo y reclamar que deje esa función para ocupar únicamente su banca de concejal.

El planteo se produce después del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) que anuló las ordenanzas mediante las cuales el Concejo había suspendido preventivamente al intendente Marcelo Román. El máximo tribunal consideró que el cuerpo legislativo se había excedido en sus competencias al equiparar la formulación de cargos penales con el procesamiento que exigía la Carta Orgánica para habilitar una suspensión. (Río Negro Diario)

La presentación de Rodríguez sostiene que, al quedar anuladas las normas que permitieron el apartamiento de Román y el posterior interinato de Figueroa, también deben revisarse las decisiones institucionales adoptadas durante ese período. En particular, cuestiona que Figueroa continúe ejerciendo la Presidencia del Concejo Deliberante y plantea que esa función debería quedar en manos de la concejala que, de acuerdo con su interpretación de la Carta Orgánica, tiene derecho a ocuparla.

El antecedente de esa discusión se remonta a octubre de 2024, cuando la entonces presidenta del Concejo, Valeria Bezic, fue removida de la conducción del cuerpo por una mayoría de seis votos. En aquella oportunidad, los concejales que impulsaron su apartamiento argumentaron un supuesto mal desempeño y cuestionaron, entre otros aspectos, el manejo de viáticos. Tras la votación, Figueroa quedó al frente del Legislativo local. 

Bezic recurrió a la Justicia y pidió que se declarara la nulidad de la resolución que la había desplazado y que se dispusiera su restitución. Sin embargo, el STJ rechazó el amparo en diciembre de 2024, al considerar que existían otras vías para resolver la controversia planteada por la concejala. 

Ese antecedente es relevante porque el comunicado difundido ahora por Rodríguez sostiene una interpretación diferente sobre la situación de la Presidencia del Concejo. El planteo afirma que Bezic es la concejala que debería ejercer la conducción del cuerpo y que su desplazamiento se produjo mediante una decisión que, a criterio del presentante, no podía modificar lo establecido por la Carta Orgánica.

En paralelo, durante 2025 y hasta la suspensión de Román, la documentación oficial del Concejo identificaba a Fabián Figueroa como presidente del cuerpo. La propia página institucional del Deliberante lo registra en esa función y señala que preside el bloque UCR Auténtica. 

La situación cambió en julio de 2026, cuando el Concejo aprobó por seis votos contra tres la suspensión preventiva de Román, en el marco de la causa penal que investiga al intendente por presunta administración fraudulenta y peculado. Los votos afirmativos fueron de Figueroa, Guillermo Pennesi, Agustina Sánchez, Gustavo Addamo, María Aburto y Marta Crespo, mientras que Analía Martínez, Antonio Sepúlveda y Valeria Bezic votaron en contra. 

La causa penal había avanzado previamente con la formulación de cargos contra Román por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación se originó a partir de una denuncia del Tribunal de Cuentas de Allen y está vinculada, de acuerdo con la acusación fiscal, con la compra de un teléfono celular con fondos municipales que habría terminado en manos del empresario Sebastián Ocampo, quien también quedó involucrado en el expediente. 

A partir de la suspensión, Figueroa pasó de la Presidencia del Concejo a ocupar interinamente la intendencia de Allen. El propio cuerpo legislativo sostuvo que la medida estaba respaldada por el artículo 109 de la Carta Orgánica, mientras Román cuestionó desde el comienzo la interpretación de esa norma y llevó el conflicto institucional ante la Justicia.

El 27 de agosto, el STJ resolvió el conflicto de poderes planteado por Román y declaró la nulidad de las Ordenanzas 044/2026 y 045/2026, además de los actos administrativos dictados como consecuencia de ellas. El tribunal concluyó que el Concejo no tenía competencia para suspender al intendente en las condiciones analizadas y dejó sin efecto el mecanismo que había permitido el interinato de Figueroa. 

Antes de ese fallo, el procurador general Jorge Crespo había arribado a una conclusión similar. En el Dictamen N° 114/26 consideró que el Concejo se había excedido en sus competencias y recomendó al STJ hacer lugar al planteo de Román y declarar inválida la suspensión.

Con ese antecedente, Rodríguez presentó las tres actuaciones que ahora abren una nueva discusión institucional. Una fue dirigida al Concejo Deliberante, otra al intendente Román y la tercera al Tribunal de Cuentas.

En el planteo dirigido al Concejo, Rodríguez otorgó un plazo de 48 horas hábiles para que el cuerpo deje sin efecto la situación que cuestiona y emplace a Figueroa a ejercer únicamente su banca de concejal. La presentación impugna la resolución interna mediante la cual se mantiene al dirigente radical en la Presidencia y sostiene que una norma de menor jerarquía no puede modificar las disposiciones de la Carta Orgánica.

La segunda presentación fue dirigida al intendente Marcelo Román. Allí se le solicita que se abstenga de promulgar, registrar, publicar o ejecutar ordenanzas u otros instrumentos de gestión que estén firmados por Figueroa en carácter de presidente del Concejo, bajo el argumento de que esos actos podrían ser posteriormente cuestionados por falta de legitimidad en la representación.

La tercera actuación fue presentada ante el Tribunal de Cuentas de Allen. Rodríguez pidió que el organismo analice las erogaciones vinculadas con la Presidencia del Concejo, incluidas eventuales dietas diferenciadas y contrataciones de personal, y reclamó que se determinen responsabilidades patrimoniales en caso de que el órgano de contralor encuentre perjuicios para las arcas municipales.

El planteo ciudadano, de todos modos, no equivale a una nueva resolución judicial sobre la Presidencia del Concejo. El fallo del STJ que anuló la suspensión de Román resolvió el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno al apartamiento del intendente; no dispuso en esa sentencia la restitución de Bezic como presidenta del Deliberante. Esa diferencia resulta central para separar lo que ya resolvió la Justicia de lo que ahora sostiene Rodríguez en sus presentaciones.