La posibilidad de un acuerdo no difundido en torno a la causa judicial por las tierras de Lago Escondido reactivó planteos en el ámbito federal, con un pedido concreto para acceder al expediente completo que analiza la validez de la adquisición de esos territorios. La controversia se centra en el acceso a la información vinculada a una acción de lesividad que podría revertir la operación realizada en la década del 90.

La presentación fue realizada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, donde solicitó el acceso inmediato al expediente. Según planteó, la intervención se da a partir de información publicada por el medio “El Destape”, que advirtió sobre la posible existencia de un acuerdo no publicado entre el gobierno nacional y la firma Hidden Lake S.A, vinculada al empresario británico Joe Lewis, además de restricciones para consultar las actuaciones judiciales.

El expediente en cuestión tramita la acción de lesividad, una herramienta mediante la cual el propio Estado busca revisar actos administrativos que considera contrarios al interés público. En este caso, se trata de las autorizaciones otorgadas para la compra de miles de hectáreas en una zona de seguridad de fronteras, donde se encuentra una reserva estratégica de agua dulce como el lago.

Desde el entorno de Odarda indicaron que la legisladora se considera parte interesada en la causa, no solo por haber impulsado esa acción en instancias previas, sino también por su participación en el reclamo histórico por el libre acceso a las costas de Lago Escondido, un proceso judicial que lleva más de dos décadas y que aún aguarda una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la presentación judicial, realizada junto a los abogados Ernesto Montecino Odarda y Martín Palumbo, se solicitó además que se rechace cualquier intento de cerrar el proceso mediante acuerdos cuya información no sea pública. El planteo apunta a garantizar el acceso a la información y la transparencia en una causa que involucra bienes considerados de interés colectivo.

Cabe recordar que en 2023 el Estado nacional, a través del Ministerio del Interior, declaró lesivas al interés general las autorizaciones que permitieron la adquisición de estas tierras por parte de capitales extranjeros. Esa decisión abrió la vía judicial que hoy se encuentra en trámite y que podría derivar en la recuperación de esos territorios.

Finalmente, Odarda sostuvo que la naturaleza del caso excede el ámbito privado, al involucrar recursos estratégicos y decisiones vinculadas a la soberanía nacional, por lo que insistió en que el expediente debe ser accesible y no puede permanecer bajo restricciones que limiten el control público sobre su desarrollo.