La reunión de la Función Pública dejó más interrogantes que definiciones: la deuda por recategorizaciones quedó acotada al sector de Salud, sin monto oficial ni cronograma de pago, mientras que el reclamo por incorporar 250 mil pesos al salario no fue tratado y tampoco tuvo impulso concreto por parte de los gremios durante el encuentro.

Según el acta paritaria firmada en Viedma, las autoridades provinciales —encabezadas por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a Natalia Crociati y Natalia Almonacid— señalaron que el resto de la administración pública se encuentra “recategorizada al día”, y que la única deuda corresponde a retroactivos por promociones en el Ministerio de Salud, cuyo monto aún debe ser determinado por esa cartera.

Ese planteo introduce una diferencia con la información difundida previamente, donde se hablaba de una regularización sin especificar sectores y de pagos en cuotas. En el documento oficial de la reunión no se menciona ningún esquema de cancelación escalonado, sino un compromiso general de pago total, sin precisiones sobre plazos. A su vez, desde ATE se estimó que la deuda superaría los 1.500 millones de pesos para unos 3.000 agentes, cifras que no fueron incorporadas en el acta.

En paralelo, la cuestión salarial tuvo un lugar limitado. El reclamo por el pase al básico de una suma de 250.000 pesos —que ATE había planteado como condición para aceptar el esquema de actualización por inflación— no fue incluido en la agenda formal. Si bien fue mencionado por las representaciones sindicales, no hubo insistencia en obtener una respuesta ni en fijar una fecha concreta para su tratamiento.

Esa situación también contrasta con lo expresado en instancias previas: el planteo no sólo quedó fuera de discusión en la reunión, sino que tampoco fue reflejado en el comunicado oficial del Gobierno, donde directamente no se menciona que el tema haya sido expuesto por los gremios.

Más allá de ese punto, el acta registra otros reclamos. Desde ATE, con la representación de Leticia Lapalma, se solicitó el pago del ítem “tarea crítica” para personal de SENAF y Desarrollo Humano, además de capacitaciones específicas para quienes trabajan con infancias y mayor flexibilidad en los topes de horas extras. En este último caso, el Ejecutivo planteó que los límites responden a criterios organizativos, aunque podrían autorizarse excepciones cuando haya justificación.

Por su parte, UPCN, representado por Mónica Miranda, insistió en la necesidad de avanzar en un nuevo escalafón para la administración pública y en que cualquier adicional sectorial sea discutido en paritarias. Ambos gremios coincidieron también en el reclamo por el pase a planta permanente y el fin de las formas de contratación consideradas precarias.

Además, se dejó constancia del pedido de convocatoria al Consejo Provincial de Salud Pública, en un contexto donde el propio Gobierno reconoció deudas dentro de ese sistema, y de la necesidad de incorporar más personal en áreas donde se registran faltantes.

Con este panorama, las organizaciones sindicales quedaron a la espera de una nueva convocatoria paritaria para mayo, donde debería retomarse la discusión salarial. Hasta entonces, se mantiene vigente el esquema de actualización automática por inflación acordado para 2026.