La eliminación del Salario Social Complementario motivó la presentación de un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante de Viedma, en rechazo a la medida que impacta en personas vinculadas a tareas comunitarias en los barrios populares.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Lorena Alan, del bloque Vamos con Todos y referente de UTEP Evita, quien cuestionó la decisión del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Según expresó, el ingreso está destinado a trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas en comedores, merenderos, huertas y distintos espacios comunitarios.

En ese sentido, la edil planteó que el beneficio no debe ser considerado como un plan social, sino como una forma de reconocimiento a tareas laborales que se sostienen en territorios donde, según indicó, el Estado no siempre logra una presencia sostenida.

De acuerdo a los datos mencionados, el ingreso —que ronda los 78 mil pesos y se encuentra congelado— alcanza a más de 900 mil personas en todo el país y a alrededor de 900 en Viedma. En ese marco, se advirtió sobre el impacto que su eliminación podría generar en la economía cotidiana de los sectores alcanzados.

En línea con esos planteos, Alan precisó que la baja del programa dejó a 904 personas sin asistencia en Viedma, muchas de ellas vinculadas a tareas productivas, rurales y comunitarias. Según describió, se trata de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que formaban parte de distintas organizaciones sociales y sostenían actividades en los barrios.

Además, se señaló que la medida implicaría retirar más de 35 mil millones de pesos de la circulación económica, recursos que actualmente se destinan al consumo en comercios de cercanía y a la sostenibilidad de actividades comunitarias. En ese sentido, la concejala remarcó que esos ingresos “se vuelcan directamente en los almacenes, verdulerías y carnicerías de los barrios”, formando parte de un circuito económico local.

Alan también vinculó la decisión con el contexto económico actual, caracterizado —según indicó— por despidos, pérdida del poder adquisitivo y aumento de precios. A esto sumó la falta de respuestas institucionales: señaló que se presentaron petitorios ante el Ministerio de Desarrollo sin obtener respuestas favorables hasta el momento.

En ese escenario, advirtió sobre las dificultades para sostener espacios comunitarios. Indicó que muchos comedores y merenderos redujeron su funcionamiento por falta de recursos, pese a que la demanda alimentaria se mantiene. También mencionó que las herramientas existentes, como programas alimentarios locales, resultan insuficientes frente al incremento de necesidades.

Por último, la concejala reclamó una respuesta del gobierno nacional y provincial frente a la medida y planteó la necesidad de sostener políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables. “El Estado no puede retirarse de los barrios”, expresó al fundamentar el proyecto.