Un juez de Garantías resolvió prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva de un hombre acusado del homicidio agravado por ensañamiento de Gerardo Romero, ocurrido el 7 de agosto en Viedma. La medida se renovó este jueves, al cumplirse el plazo inicial de tres meses dispuesto al momento de la formulación de cargos.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado habría citado a la víctima en su vivienda con el pretexto de concretar una transacción vinculada a estupefacientes. En ese encuentro, presuntamente le provocó una fractura de cráneo y posteriormente le causó 24 heridas con un arma blanca, que le produjeron una hemorragia fatal.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que la investigación continúa en desarrollo con distintas diligencias en curso, entre ellas el análisis de teléfonos celulares, pericias toxicológicas y cotejo de rastros genéticos. También se llevan adelante estudios del Cuerpo de Investigación Forense y se avanza en la reconstrucción virtual del hecho mediante un escaneo tridimensional del lugar.

Además, se analizan registros de llamadas, localizaciones de antenas, cámaras de seguridad, operaciones realizadas a través de Mercado Pago y los elementos secuestrados en el domicilio —entre ellos armas, prendas de vestir y muestras biológicas— que fueron enviados al Laboratorio Regional de Genética Forense. La Fiscalía informó que el imputado fue sometido a una evaluación psiquiátrica, la cual descartó afectaciones en su salud mental.

La prórroga fue solicitada por el Ministerio Público al considerar que persisten los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva inicial. Se señaló que el acusado no tiene arraigo en la ciudad, residía en Viedma desde hacía poco tiempo, no contaba con trabajo estable y cambiaba con frecuencia de domicilio. También se planteó el riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que algunos testigos son vecinos del acusado y podrían sentirse presionados. En el lugar del hecho se halló una valija con ropa, lo que reforzaría la hipótesis de una posible fuga.

La Defensa Pública no formuló oposición al pedido fiscal. Tras evaluar los argumentos, el juez resolvió extender la prisión preventiva por cuatro meses más, fundamentando su decisión en el riesgo de fuga y en el estado actual de la investigación, que aumenta el grado de sospecha sobre la presunta participación del imputado en el hecho.