La Justicia de Río Negro resolvió prorrogar por cuatro meses las medidas cautelares impuestas a Alberto Alfredo Ariaudo, ex presidente del Concejo Deliberante de Catriel, en el marco de una causa en la que se lo investiga por coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada. La extensión regirá hasta el próximo juicio o hasta que se cumpla el nuevo plazo establecido.

El pedido fue realizado por el fiscal jefe interviniente, en virtud del vencimiento de las medidas vigentes el próximo 15 de julio. El planteo fue acompañado por la querella, mientras que la defensa del imputado se opuso, al considerar que la etapa de investigación ya concluyó, que toda la prueba fue ofrecida y que el comportamiento de Ariaudo durante el proceso fue “intachable”.

Sin embargo, el Juez de Garantías resolvió aceptar el planteo de la fiscalía y mantener las condiciones impuestas, rechazando el pedido de morigeración solicitado por la defensa. En sus fundamentos, el magistrado señaló que existen elementos que ameritan mantener las restricciones, como la existencia de testigos y de una víctima mujer, en un contexto que, según indicó, exige la aplicación del principio de debida diligencia reforzada, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección contra la violencia de género.

Las medidas cautelares vigentes obligan al imputado a fijar y mantener un domicilio, presentarse semanalmente ante la Justicia, abstenerse de interferir en el proceso judicial y no tener contacto, por ningún medio ni a través de terceros, con los testigos ni con las personas denunciantes. También se le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la vivienda de la intendenta, del edificio municipal y de la sede del Concejo Deliberante.

Los hechos imputados a Ariaudo ocurrieron entre el 8 y el 15 de marzo de este año. Según la acusación, el primer episodio se produjo cuando habría amenazado mediante un mensaje de WhatsApp a un asesor técnico del municipio, con la intención de forzarlo a abandonar su puesto laboral. Días después, habría enviado otro mensaje amenazante a la intendenta de Catriel.

Otro de los hechos ocurrió cuando el ex funcionario se presentó en el Concejo Deliberante portando un arma de fuego de uso civil sin autorización, la cual habría exhibido ante una cámara de seguridad con intención intimidatoria. Además, se le imputa haber amenazado a un integrante del área de Comunicación del municipio y exhibido nuevamente un arma de fuego en el exterior del edificio municipal frente a dos personas.

La calificación legal establecida por la fiscalía incluye los delitos de coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal reiterada de arma de fuego. La causa permanece en etapa preparatoria, a la espera de la realización del juicio.