Una trabajadora de una inmobiliaria en Viedma fue víctima de abuso sexual por parte de su empleador, quien luego la despidió en represalia por haberlo denunciado penalmente y haber exigido la regularización de su vínculo laboral. La Justicia condenó al acusado en el fuero penal y posteriormente resolvió que la desvinculación fue injustificada, reconoció la violencia de género ejercida y ordenó el pago de casi 12 millones de pesos en concepto de indemnización, salarios adeudados y sanciones por trabajo no registrado.

La mujer había ingresado a trabajar en junio de 2020 en un estudio jurídico e inmobiliario. De acuerdo con la sentencia, cumplía una jornada laboral completa, realizaba tareas administrativas y participaba en desarrollos inmobiliarios, aunque nunca se formalizó su contratación.

Un año después de su ingreso, mientras mantenía una conversación laboral, el empleador intentó besarla y la tocó sin su consentimiento. Ante este hecho, la trabajadora intimó al acusado para que registrara la relación laboral y presentó una denuncia penal por abuso sexual. En respuesta, el empleador negó las acusaciones, alegó un supuesto abandono de trabajo y procedió al despido invocando causas que luego fueron descartadas por la Justicia.

En marzo de 2023, el empleador fue condenado penalmente por el delito de abuso sexual simple. Este antecedente fue clave en el fallo laboral, ya que la Cámara entendió que el despido respondió a una actitud retaliatoria frente a la denuncia de la trabajadora y no a una causa real que lo justificara.

El fallo hizo especial hincapié en la aplicación de la perspectiva de género, tal como lo exige la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. La sentencia valoró el contexto de vulnerabilidad de la víctima, su condición de mujer en un espacio laboral jerárquico, y el uso del despido como forma de silenciamiento y castigo.

“La conducta asumida por el empleador evidencia una actitud violenta contra la trabajadora por su condición femenina”, sostuvo el tribunal, al tiempo que reconoció el daño generado por el despido en un marco de violencia de género.

La sentencia ordenó el pago de una suma cercana a los 12 millones de pesos por indemnizaciones, salarios impagos y multas por no haber registrado la relación laboral. Asimismo, se impusieron las costas del juicio al empleador, quien deberá afrontar también los honorarios profesionales de ambas partes.