Desde 1983, el 10 de diciembre es una fecha en la que nuestro Pueblo se vuelca a las calles para manifestar el compromiso de continuar la defensa de la democracia y sostener la lucha para que se garanticen la protección y promoción de todos los derechos humanos.
Este año, luego de transitar la complejidad de una pandemia, la clase trabajadora se encuentra en situación crítica. No podemos olvidar que la pérdida de derechos laborales y salariales se multiplicó con el gobierno de Mauricio Macri y el complejo contexto sanitario la agudizó. Pero el alto nivel de desempleo y la deuda a 100 años con el FMI, tuvo sus orígenes en el período anterior y hoy sus consecuencias, son una nueva forma de sometimiento.
Esta deuda externa, aún mayor que la contraída por la dictadura genocida, también es ilegítima. Fue negociada de manera irregular, sin aprobación del Congreso nacional y sin cumplimentar con los dictámenes que debía requerir según nuestra legislación. Tampoco los funcionarios del FMI, respetaron el Estatuto de este organismo financiero, ni ejercieron el control que está previsto legalmente.
Pero lo más grave, no es el pago en sí de millones de miles de dólares. Lo más grave es la pérdida de soberanía que representa que desde ese momento el FMI se arrogue el derecho de pretender manejar nuestra la economía y las condicionalidades de ajuste que siempre impone. Por nuestra propia historia, conocemos lo que significa: pobreza y miseria sin límites.
Desde los organismos de Derechos Humanos, no podemos dejar de subrayar la necesidad de que se investigue y sancione a los responsables de la toma de deuda y de la malversación que se hizo de ese dinero, que fue a parar a paraísos fiscales. Como también, la exigencia de que no se le permita al FMI imponer condiciones que lesionarán derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
No podemos admitir que la clase trabajadora, ni que las pequeñas y medianas empresas, ni comercios paguen con su pobreza y destrucción, una deuda que no contrajeron. Está claro que solo se beneficiaron los sectores del capital económico, amigos del macrismo que se beneficiaron con la bicicleta financiera y aún siguen fugando capital y evadiendo impuestos. Son los mismos que se enriquecieron con la dictadura genocida, solo basta con ver sus apellidos en los listados de los que incrementaron sus fortunas, de antes y ahora.
Es urgente una política económica que controle las cien grandes empresas del país, que en realidad están en manos de apenas 20 familias, y algunas multinacionales que fugan más de 45 mil millones de dólares al año.
No hay democracia con amplios sectores excluidos. No hay derechos humanos, con tanta pobreza. No hay paz social, sin políticas de inclusión.
Con igual sentido, requerimos que cese la persecución hacia el Pueblo Mapuche y que el Estado de las disculpas públicas por el genocidio cometido contra ellxs en el siglo XIX y se juzgue a los responsables materiales e ideológicos de los asesinatos de Rafael Nahuel y de Elías Garay. Exigimos que se lleven adelante las mesas de diálogo que se cumpla con el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y se les otorgue las tierras aptas y suficientes como asimismo el gobierno provincial cumpla con la Ley y realice el relevamiento provincial.
Continuamos exigiendo Juicios y castigo a los responsables, civiles y militares, de las graves violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura genocida. Por Memoria, Verdad y Justicia celebramos la resolución del Juicio por delitos de lesa humanidad Escuelita VII
Recuperación de la identidad de todxs lxs nietxs apropiadxs.
Nulidad de las leyes que provienen de la época dictatorial.
Programas sociopolíticos y pedagógicos de memoria en el más amplio sentido.
Basta de persecución a los adolescentes y jóvenes por ser pobres.
Basta de todas las formas de violencia institucional que sigue asesinando a nuestrxs jóvenes
Mesas de diálogo para toda resolución de conflictos territoriales y laborales.
Por una reforma judicial democrática y con perspectiva de género que garantice equidad en el acceso a la justicia.
Por una justa distribución de la riqueza entre quienes ponen su fuerza de trabajo. Control estatal para frenar la especulación.
Por el derecho del pueblo a la comunicación. Basta de discursos de odio y manipulación de la información por parte de los grupos hegemónicos.
Por la puesta en marcha efectiva de políticas públicas que acompañen a las infancias, mujeres, disidencias y adultxs mayores, con la articulación concreta de todos los sectores, más allá de los discursos, es urgente el trabajo en territorio.
Por una sociedad inclusiva, sin discriminación.
Por una Navidad sin presxs políticos. En defensa de la dignidad de nuestro pueblo, este 10 de diciembre nuestra lucha por libertad, justicia, tierra, pan y trabajo para todas las personas que habitan nuestra patria.
18 abril 2024
Opinion