Sería para procesados y condenados que estén cumpliendo penas privativas de la libertad, penas alternativas a las privativas de la libertad, una probation, con beneficio extramuros, con condena en suspenso, con libertad condicional, con beneficios de salidas transitorias o régimen de semilibertad, o con cumplimiento total de la pena cuando requieran asistencia y tratamiento.

La oficina tendría el objeto de contribuir al mantenimiento de la paz social a partir de la disminución de la criminalidad y la prevención del delito mediante acciones destinadas, por un lado, a la rehabilitación, la contención y la readaptación de las personas de manera que se facilite su inserción al medio social, familiar y laboral; y por otro lado, contribuir a la asistencia y acompañamiento al procedimiento de ejecución de la pena.

Se organizaría a través de delegaciones en cada una de las Circunscripciones Judiciales y se integraría con un plantel de cinco profesionales de las disciplinas de trabajo social y psicología o técnicos en materias afines.

Entre sus funciones, debería ejecutar políticas, planes y programas de fiscalización, control, protección social, tratamiento y asistencia integral de las personas comprendidas en la ley y su grupo familiar. También se ocuparía de la organización de mecanismos de asistencia, fiscalización, control y seguimiento de las personas que cumplan medidas o penas sustitutivas de prisión que se cumpla en libertad y la intervención requerida de acuerdo a las condiciones y pautas establecidas por la autoridad jurisdiccional en el otorgamiento de dichos beneficios.

Asimismo, tendría a su cargo la coordinación y articulación de acciones de protección social de las personas en condiciones de liberadas, a los efectos de lograr su rehabilitación, adaptación e inserción al medio social, familiar y laboral.

Además, el proyecto contempla la creación de un “Fondo de Financiamiento del Funcionamiento de la Oficina de Asistencia a Detenidos y Liberados”, destinado a solventar los gastos que demanden su organización y funcionamiento.

Betelú indica en los fundamentos que la iniciativa se presenta con la idea de perfeccionar y modernizar la estructura y organización del actual Instituto de Asistencia a Presos y Liberados y de ampliar los servicios que brinda en la actualidad.

“Estamos proponiendo su puesta en marcha con el objetivo de acompañar el proceso de reformas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal de nuestra provincia, que se están llevando a cabo actualmente, toda vez que los objetivos, funciones y modalidad de actuación de esa oficina contribuirán a acompañar y fortalecer la política de seguridad que la sociedad en su conjunto está reclamando”, fundamenta el legislador.