La Legislatura de Río Negro recibió un proyecto que busca establecer un marco legal para que municipios, comunas y comisiones de fomento puedan asociarse y gestionar de manera conjunta los residuos sólidos urbanos. La iniciativa toma como uno de sus principales puntos de partida la situación del vertedero de Bariloche, pero plantea una estructura regional que podría aplicarse en distintas zonas de la provincia.

La presentación concreta el compromiso asumido previamente en una Mesa de Trabajo Interinstitucional de Bariloche, de la que participaron vecinos, concejales y organizaciones ambientales. En el comunicado difundido tras la presentación, legisladores de Cambia Río Negro, La Libertad Avanza, PRO, Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro señalaron que el objetivo es avanzar hacia una solución que exceda la capacidad individual de cada municipio.

El proyecto presentado establece el régimen jurídico para la constitución voluntaria de Entes Interjurisdiccionales GIRSU, que podrán estar integrados por dos o más municipios, comunas y/o comisiones de fomento. Los organismos tendrán a su cargo tareas que van desde la reducción, separación, recuperación y reciclado hasta el tratamiento, la remediación y la disposición final de los residuos.

La propuesta contempla además la posibilidad de incorporar estaciones de transferencia, coordinar la logística regional y celebrar convenios para utilizar infraestructura ferroviaria provincial cuando resulte técnica, económica y ambientalmente viable. En los fundamentos se plantea que esta alternativa permitiría abordar los problemas de residuos desde una escala mayor y reducir la fragmentación de las respuestas municipales.

El caso de San Carlos de Bariloche ocupa un lugar central en los fundamentos. El proyecto señala que el Centro de Residuos Urbanos Municipales agotó su vida útil y que la situación derivó en declaraciones de emergencia ambiental, por lo que presenta a la ciudad como el principal ejemplo de una problemática que, de acuerdo con los autores, requiere una solución de alcance regional.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que los nuevos entes tengan personería jurídica propia, autarquía y autonomía administrativa, económica y financiera. La adhesión será voluntaria y cada gobierno local deberá formalizar su incorporación mediante una ordenanza o la herramienta correspondiente, mientras que el estatuto deberá establecer también las condiciones para el eventual apartamiento de alguno de sus integrantes.

El esquema de financiamiento también forma parte de la iniciativa. Los recursos podrían provenir de aportes municipales vinculados a la coparticipación, asignaciones provinciales correspondientes al Fondo Específico GIRSU, ingresos propios por servicios de disposición final y tratamiento de residuos, cánones vinculados al reciclaje y fondos de programas nacionales, créditos multilaterales y otros mecanismos de financiamiento.

En los fundamentos se destaca precisamente la posibilidad de acceder a financiamiento de organismos como el BID, el Banco Mundial y la CAF, bajo la premisa de que una estructura regional podría facilitar la presentación y ejecución de proyectos de infraestructura ambiental de mayor escala. También se plantea la utilización del Tren Patagónico para optimizar el traslado de residuos cuando las condiciones técnicas, económicas y ambientales lo permitan.

El proyecto incorpora además mecanismos de fiscalización y control. Cada ente deberá contar con un Consejo Asesor integrado por concejales o representantes de los cuerpos deliberativos de los gobiernos locales participantes y con un órgano de fiscalización propio, mientras que el control externo quedará en manos del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

A eso se suma la creación de una Comisión Especial de Seguimiento de los Entes Interjurisdiccionales GIRSU dentro de la Legislatura. Estará integrada por cinco legisladores, con representación de las minorías y de las distintas regiones, y tendrá entre sus funciones monitorear las adhesiones municipales, seguir el flujo de los recursos y analizar eventuales demoras o anomalías.

La comisión también deberá recibir los informes de los organismos de control y podrá solicitar auditorías específicas al Tribunal de Cuentas cuando detecte situaciones que lo ameriten. Además, tendrá que presentar un informe anual ante el pleno de la Legislatura sobre el funcionamiento del sistema regional y el grado de erradicación de los basurales a cielo abierto.

Otro aspecto que aparece expresamente contemplado es que la creación de un ente regional no implica trasladar los pasivos ambientales ni las responsabilidades legales correspondientes a los sitios de disposición final que ya existían antes de la adhesión. De esa manera, la iniciativa diferencia la futura gestión conjunta de las obligaciones vinculadas con los basurales y vertederos preexistentes.

La propuesta lleva las firmas de legisladores de distintos espacios políticos. Si bien el comunicado difundido por los autores habla de 20 legisladores, el expediente incorporado a la Legislatura enumera 21 firmas, entre ellas las de José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich, María Alejandra Mas, Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarraloza, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti, Marcela González Abdala, Martina Lacour, César Domínguez, María Laura Frei, Juan Martín, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo.

El objetivo planteado es avanzar hacia el cierre y remediación de los basurales existentes y reemplazar la respuesta basada en emergencias sucesivas por sistemas regionales de tratamiento, transferencia y disposición final. La iniciativa propone así que el problema que hoy tiene a Bariloche como uno de sus principales focos de atención pueda abordarse mediante una estructura que permita planificar infraestructura y servicios para varias localidades.