La regularización de recategorizaciones atrasadas y su pago en tramos fue el principal resultado de la reunión de la Mesa de la Función Pública provincial, sin avances en torno al pedido gremial de incorporar al salario una suma fija de 250.000 pesos.

Tras el encuentro, el Ejecutivo informó que resolvió avanzar con el reconocimiento de las diferencias generadas por demoras administrativas en los procesos de ascenso, una situación que venía siendo planteada por las organizaciones sindicales. Estas demoras generan un desfasaje temporal entre la fecha en la que corresponde la nueva categoría y el momento en que se formaliza la resolución.

En ese marco, se indicó que los montos adeudados por esas diferencias serán abonados, aunque de manera escalonada, con el objetivo de sostener el orden de las cuentas públicas. Desde el Gobierno aclararon que las y los agentes alcanzados ya perciben actualmente sus haberes con la categoría actualizada, por lo que la medida apunta exclusivamente a regularizar períodos anteriores.

La discusión salarial, en tanto, no tuvo modificaciones. Se mantiene vigente el esquema acordado para 2026, que establece una actualización automática bimestral en base a la evolución del IPC. Bajo este mecanismo, los haberes de abril se ajustarán con los de febrero y marzo, tomando como referencia el promedio entre el IPC nacional y el IPC Viedma, tal como había sido solicitado por los gremios.

Pase al sueldo de la suma de $250.000

Uno de los puntos que no fue tratado en esta instancia es el planteo realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que había condicionado la aceptación de la pauta a la convocatoria de una paritaria específica para definir un calendario de incorporación permanente de 250.000 pesos en los haberes. Esa discusión no formó parte de la agenda del encuentro.

Participaron de la reunión la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid. Por el sector gremial estuvieron Leticia La Palma por ATE y Mónica Miranda por UPCN. Hasta el momento, no se conocieron posicionamientos públicos posteriores de los gremios tras la reunión.