Un pedido para avanzar con la exclusión de la diputada nacional Lorena Villaverde de la Cámara de Diputados fue presentado con carácter urgente, en medio de cuestionamientos vinculados a antecedentes judiciales y hechos recientes que impactan en su situación institucional.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Marcelo Mango, quien elevó una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, para que se convoque a una reunión y se dé tratamiento al expediente que había sido presentado junto a la diputada Cecilia Moreau. El planteo se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita la exclusión de integrantes del cuerpo por motivos de indignidad.

En el pedido se argumenta que la situación no debería continuar sin tratamiento en comisión, en función de la acumulación de causas y señalamientos públicos. Entre los fundamentos, se mencionan antecedentes judiciales, una detención en Estados Unidos bajo cargos vinculados al narcotráfico, así como presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, señalado como testaferro y familiar de Fred Machado, quien fue extraditado por causas relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.

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También se incluyen referencias a su presunto involucramiento en causas por estafas inmobiliarias en Río Negro y al rechazo de su diploma por parte del Senado, en el que se cuestionó su idoneidad moral, ética y constitucional. A este escenario se suman hechos recientes, como un embargo millonario en el marco de una causa vinculada a operaciones en Las Grutas y el otorgamiento de un crédito hipotecario del Banco Nación, situación que derivó en presentaciones judiciales.

Desde el entorno de Mango sostienen que la acumulación de estos elementos configura un cuadro que requiere una definición institucional. En ese sentido, también se advirtió que el caso se inscribe en un contexto más amplio, en el que se mencionó la existencia de investigaciones judiciales que alcanzan a otras figuras públicas, entre ellas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en relación con operaciones inmobiliarias bajo análisis.

El planteo apunta a que la Cámara de Diputados avance en el tratamiento del expediente y evalúe la aplicación de las herramientas previstas en la Constitución: la intención es que el tema sea abordado en el ámbito de la comisión correspondiente y posteriormente en el recinto, en función de los mecanismos institucionales vigentes.