El bloque legislativo Vamos con Todos presentó un pedido de informes para que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) brinde explicaciones sobre la derivación y el posterior fallecimiento de un adolescente que se encontraba bajo intervención del Estado. El planteo apunta a establecer si existieron fallas en el seguimiento y control de la internación dispuesta y si hubo incumplimiento del deber de cuidado que le corresponde al organismo.

La iniciativa lleva las firmas de José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, junto a los legisladores del PJ - Nuevo Encuentro Daniel Belloso, Alejandra Mas y Leandro García. Según se detalla en el proyecto, el requerimiento surge a partir de información difundida por el medio regional Somos el Valle, que dio cuenta del fallecimiento del joven el 22 de diciembre de 2025, tras haber sido derivado el 12 de diciembre por la delegación de General Roca de la SENAF a una comunidad terapéutica ubicada fuera de la jurisdicción provincial.

El pedido de informes solicita precisiones sobre el diagnóstico que motivó la medida, el encuadre normativo aplicado para disponer la internación, los controles realizados durante la permanencia del adolescente en la institución, la identidad del establecimiento receptor y los montos abonados por el Estado. Además, requiere detalles sobre las actuaciones administrativas y judiciales que se impulsaron luego del fallecimiento.

El presidente del bloque, José Luis Berros, sostuvo que el Estado tiene un deber indelegable de cuidado cuando decide separar a una persona adolescente de su entorno familiar y trasladarla a un dispositivo institucional. Señaló que, de comprobarse deficiencias en los controles o en la supervisión, podrían derivarse responsabilidades políticas, administrativas y judiciales.

Desde la bancada remarcaron que este caso se suma a otros antecedentes vinculados a jóvenes bajo protección estatal en la provincia. Entre ellos mencionaron el crimen de Carlos Petrini Norambuena, ocurrido en Viedma y cometido por otro joven institucionalizado, y una denuncia por abuso contra un adolescente alojado en un Centro de Atención Integral para Niños y Adolescentes (CAINA) de la capital provincial. Para el espacio legislativo, los tres episodios deben analizarse en conjunto en el marco del funcionamiento del sistema de protección.

Berros indicó además que, en el caso Petrini Norambuena, el bloque recurrió a la Justicia para acceder a información pública vinculada al expediente, luego de que se rechazara un pedido de informes en el ámbito legislativo. Según explicó, el acceso a la información resulta central para el control institucional y para garantizar el derecho de la sociedad a conocer cómo actúan los organismos estatales en situaciones de este tipo.

El nuevo requerimiento también exige datos sobre los protocolos y criterios de internación aplicados por la SENAF, la habilitación y supervisión de la comunidad terapéutica interviniente, los mecanismos de seguimiento implementados durante la estadía del adolescente y la eventual existencia de alertas o irregularidades registradas. Asimismo, se solicita información sobre las condiciones edilicias, de seguridad y de recursos humanos del establecimiento, y sobre el acompañamiento brindado a la familia tras el fallecimiento.