El conflicto salarial en la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial sumó este miércoles un nuevo capítulo con la instalación de un acampe permanente frente a la Casa de Gobierno, en Viedma. La medida comenzó a las 7 y fue impulsada por el Consejo de Bienestar Policial, que reclama una recomposición salarial y la apertura de una instancia de diálogo con el Ejecutivo.

Desde el lugar, el referente del espacio, Rubén Muñoz, explicó que la decisión responde a lo que calificó como una oferta insuficiente por parte del Gobierno provincial, que contempla un incremento del 6% distribuido en cuatro cuotas del 1,5%, lo que —indicó— representaría alrededor de 20 mil pesos por cuota para cada integrante de la fuerza. En ese marco, sostuvo que el reclamo central es alcanzar un salario mínimo de 1.800.000 pesos para el personal policial.

Muñoz señaló que, de acuerdo a los datos oficiales, el incremento llevaría el haber inicial neto a 1.400.000 pesos a partir de febrero. Sin embargo, remarcó que actualmente el salario mínimo se ubica en 1.250.000 pesos y cuestionó que el adicional del 1,5% sea presentado como diferencial respecto de otros sectores estatales. En ese sentido, planteó que mientras áreas como Salud perciben ítems por indumentaria y el sector docente cobra movilidad, esos conceptos no están incluidos en el salario policial, por lo que —según indicó— el aumento termina siendo equivalente al del resto de la administración pública.

El referente explicó que la medida se mantendrá “el tiempo que sea necesario” y que el acampe comenzó con una estructura básica que podría ampliarse con el correr de los días si no hay respuestas oficiales. También estimó que en las primeras horas la convocatoria podría no ser masiva, aunque anticipó que la participación podría incrementarse progresivamente si no se abre una instancia de negociación.

En relación al alcance del Consejo de Bienestar Policial, Muñoz sostuvo que cuentan con sedes en todas las regionales y que representan tanto a personal en actividad como retirado. Indicó que, cuando se requirió, ambos sectores acompañaron las medidas adoptadas en el marco del reclamo salarial.

Durante la entrevista también fue consultado por la figura de Rubén Calvo, actual director operativo de la Unidad de Trámites Previsionales y señalado como referente de personal retirado. Muñoz afirmó que Calvo es funcionario del Gobierno provincial y sostuvo que no representa institucionalmente al colectivo policial en el marco del conflicto salarial. En ese sentido, planteó que su rol se limita a transmitir definiciones oficiales y consideró que no expresa ni expresó nunca las demandas del sector en relación con la recomposición de haberes.

Consultado sobre la situación en otras provincias, señaló que el malestar por los salarios en las fuerzas de seguridad no es exclusivo de Río Negro y mencionó que distritos como Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Chaco, Corrientes y Tierra del Fuego atraviesan instancias de reclamo o negociación. También hizo referencia a los recientes episodios en Santa Fe, particularmente en Rosario, como un antecedente que tuvo repercusión nacional en el ámbito de las fuerzas.

Finalmente, Muñoz indicó que durante la mañana se prevé el acompañamiento de trabajadores y trabajadoras del sector salud y que mantuvieron conversaciones con referentes de UPCN. Desde el Consejo señalaron que el reclamo apunta a abrir una mesa de diálogo para discutir la estructura salarial de la fuerza y advirtieron que permanecerán frente a la Casa de Gobierno hasta obtener una respuesta formal del Ejecutivo provincial.