El conflicto salarial en la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro continúa escalando. Mientras el Consejo de Bienestar Policial confirmó que desde el miércoles instalará un acampe permanente frente a la Casa de Gobierno en Viedma, también se conocieron precisiones sobre la propuesta salarial del Ejecutivo provincial, difundidas por el Director Operativo de la Unidad de Trámites Previsionales (UTP), Rubén Esteban Calvo.

Tal como informó este medio, el Consejo ratificó la medida en el marco de una serie de acciones que se vienen desarrollando en distintas ciudades. La decisión fue comunicada por su referente, Rubén Muñoz, luego de la movilización realizada en General Roca, donde personal policial entregó un petitorio formal con demandas salariales y solicitó la convocatoria inmediata a una mesa de discusión.

En ese contexto, personal activo y pasivo de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) elevó un petitorio al gobernador Alberto Weretilneck solicitando mejoras salariales y laborales. Entre los principales puntos se incluyen un salario inicial de 1.800.000 pesos, el respeto a la Ley de Sueldos, el pago de retroactivos y juicios vinculados a zona desfavorable, provisión de uniformes, mejores condiciones de descanso y la garantía de no represalias ante las medidas de reclamo. También manifestaron preocupación por los montos actuales y por demoras en los pagos.

Muñoz sostuvo que el salario básico actual —que ubicó en 56 mil pesos— es el eje del planteo, al considerar que de allí se desprenden todas las remuneraciones, incluidas las del personal retirado. En ese sentido, cuestionó que las sumas no remunerativas no impacten en ese ítem y reiteró que el acampe se llevará adelante a la espera de una convocatoria oficial.

El escenario provincial se da en un contexto más amplio, luego de los reclamos registrados en la provincia de Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro anunció un incremento del 40% para el personal policial y fijó un piso salarial de 1.350.000 pesos tras una serie de protestas.

En paralelo, desde la UTP, Rubén Esteban Calvo difundió por redes sociales información oficial dirigida a personal retirado y pensionadas/os. Allí detalló que el Gobierno provincial dispuso un aumento bimestral para el sector policial y penitenciario, calculado en base al promedio del Índice de Inflación Nacional y el de Viedma correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026. Según indicó, con los haberes de febrero se abonará ese porcentaje —que tras conocerse los datos de inflación se ubicó en 6,79%— más un adicional del 1,5%, junto con la primera cuota de un bono de 250.000 pesos, pagadero en dos tramos de 125.000 pesos cada uno.

De acuerdo a lo informado por Calvo, los incrementos se incorporan al valor punto policial y al código 81 (suma remunerativa), lo que implica incidencia en ítems como zona desfavorable y en el cálculo del haber mínimo previsional. Asimismo, precisó que tanto el porcentaje por inflación como el adicional del 1,5% y el bono alcanzan también al personal retirado y a pensionadas/os. El cronograma de pagos para ese sector será comunicado una vez completados los pasos administrativos ante la ANSES.

De este modo, mientras el Consejo de Bienestar Policial profundiza su reclamo con medidas de protesta y un pedido de recomposición integral del salario básico, desde el área técnica previsional se detallan los alcances de la oferta oficial. El conflicto, por el momento, mantiene abiertos los canales de expresión pública y deja planteada la expectativa de una instancia de diálogo entre las partes.