Trabajo recuperará rango de Secretaría de Estado en Río Negro

El Ejecutivo presentó una reforma de la Ley de Ministerios que se tratará en la Legislatura el 26 de noviembre. La propuesta le dará mayor autonomía al área laboral, que dependerá directamente del Gobernador y tendrá rango y jerarquía de Ministerio, aunque no volverá a ser una cartera ministerial

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El área de Trabajo de Río Negro volverá a tener rango y jerarquía de Ministerio, aunque bajo la figura de Secretaría de Estado y sin recuperar la denominación de cartera ministerial. El Poder Ejecutivo presentó una nueva reforma de la Ley de Ministerios para darle mayor autonomía institucional y ampliar sus competencias, en una iniciativa que será tratada por la Legislatura en la sesión prevista para el 26 de noviembre.

El proyecto ingresó este 17 de noviembre con la firma del gobernador Alberto Weretilneck y con Acuerdo General de Ministros. Propone modificar la Ley K N° 5735 para crear la Secretaría de Estado de Trabajo, que funcionará con dependencia directa del titular del Poder Ejecutivo y tendrá rango y jerarquía de Ministerio. La cartera de Gobierno, por su parte, dejará de llamarse Ministerio de Gobierno y Trabajo para pasar a denominarse simplemente Ministerio de Gobierno.

La reforma implica una nueva modificación en el organigrama provincial y un cambio en el lugar que ocupa el área laboral dentro de la estructura del Estado. Desde diciembre de 2023, Trabajo funciona como secretaría dentro del Ministerio de Gobierno y Trabajo. Si la iniciativa obtiene aprobación, recuperará jerarquía institucional a partir del 1 de enero de 2027.


Un recorrido de cambios en diez años

El rango del área laboral atravesó distintas modificaciones durante las últimas gestiones provinciales. En 2016, durante el segundo mandato de Weretilneck, la Ley 5105 la elevó a Secretaría de Estado. Cinco años después, en noviembre de 2021, durante el gobierno de Arabela Carreras, la Legislatura aprobó por unanimidad su transformación en Ministerio de Trabajo.

Esa jerarquía se mantuvo hasta el cambio de gobierno de diciembre de 2023. Antes de iniciar su tercer mandato, Weretilneck impulsó una reorganización de la estructura estatal que quedó plasmada en la Ley 5683. La norma eliminó el Ministerio de Trabajo independiente y fusionó las áreas de Gobierno, Trabajo y Turismo en una misma cartera.

De esa manera, Trabajo pasó a funcionar como secretaría bajo la conducción del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo. En septiembre de 2024, una nueva reforma de la Ley de Ministerios, mediante la Ley 5735, creó el área de Modernización, pero mantuvo la dependencia laboral dentro de la cartera política.

En febrero de 2026, la Ley 5847 modificó nuevamente el esquema y trasladó Turismo al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. La cartera pasó a llamarse Ministerio de Gobierno y Trabajo, mientras que el área laboral continuó como secretaría. Ahora, el Ejecutivo propone separarla de esa estructura y darle rango de Secretaría de Estado.


Más funciones y control sobre las grandes inversiones

La iniciativa no se limita a modificar la denominación y la ubicación institucional del área. También incorpora un conjunto amplio de competencias que apuntan a fortalecer su intervención en el mercado laboral, la fiscalización de las condiciones de trabajo y la formación de trabajadores.

Entre las atribuciones previstas se encuentra el ejercicio del poder de policía del trabajo, con facultades para inspeccionar establecimientos públicos y privados, obras y emprendimientos; controlar la registración laboral, las condiciones de higiene y seguridad, y prevenir y sancionar infracciones a la normativa vigente.

El proyecto establece, además, que la nueva Secretaría deberá planificar programas permanentes de inspección, con especial atención a los grandes proyectos de inversión, las obras de infraestructura y los emprendimientos energéticos, mineros e industriales, así como a las empresas contratistas y subcontratistas que participen de esas actividades.

Otro punto central será el control de la Ley 5804, conocida como Ley 80/20, que establece prioridades para la contratación de mano de obra rionegrina. La autoridad laboral tendrá a su cargo verificar su cumplimiento mediante inspecciones, relevamiento de nóminas de personal y controles sobre las contrataciones realizadas por las empresas y sus contratistas. También administrará el Registro Provincial de Trabajadores y Trabajadoras Desempleados.

La propuesta incorpora entre sus funciones la promoción del empleo registrado, la prevención del trabajo no registrado y la precarización laboral, además de la intervención en conflictos individuales y colectivos mediante mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje.


Capacitación y empleo local

La formación profesional aparece como otro de los ejes de la nueva estructura. El proyecto asigna a la Secretaría la responsabilidad de coordinar políticas de capacitación, reconversión ocupacional y certificación de saberes, en articulación con municipios, universidades, instituciones educativas, sindicatos y cámaras empresariales.

El objetivo planteado es vincular la preparación de trabajadores con las demandas actuales y futuras de la matriz productiva provincial, en particular las relacionadas con las inversiones energéticas, hidrocarburíferas, mineras, industriales, logísticas y de infraestructura.

También se prevé desarrollar programas de inserción laboral para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y otros grupos con mayores dificultades de acceso al empleo, además de impulsar prácticas profesionalizantes y entrenamientos que faciliten el ingreso efectivo al mercado de trabajo.

La nueva dependencia tendrá, asimismo, entre sus responsabilidades elaborar estadísticas e indicadores sobre la evolución del empleo, las necesidades de perfiles ocupacionales y el impacto de las inversiones productivas en la generación de puestos laborales.


Los argumentos del Ejecutivo

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que la transformación de la matriz productiva rionegrina, impulsada por iniciativas como VMOS, Duplicar Norte, SESA, Calcatreu y Argentina LNG, requiere una autoridad laboral con mayor capacidad de planificación, articulación y control.

El texto plantea que el crecimiento de las inversiones demandará trabajadores con nuevas calificaciones y una presencia estatal capaz de intervenir desde las primeras etapas de planificación hasta la ejecución de las obras y el funcionamiento de los emprendimientos.

Como antecedente de la tarea de fiscalización, el Ejecutivo informó que durante 2025 la Secretaría de Trabajo realizó alrededor de 5.500 inspecciones y relevó a 26.479 trabajadores y trabajadoras en distintos puntos de la provincia. Esos números son utilizados como argumento para justificar el fortalecimiento de los equipos técnicos, inspectivos y administrativos.

La propuesta también apunta a reforzar el diálogo entre el Estado, las organizaciones sindicales y el sector empresario, además de la prevención de accidentes laborales y la protección de los derechos de quienes trabajan.

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