Un hombre fue imputado por conducir bajo los efectos de alcohol y estupefacientes y a más de 170 km/h en el siniestro vial ocurrido el 21 de noviembre en Allen, donde murieron cuatro integrantes de una familia. La jueza de Garantías Claudia Lemunao dio por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado, Axel Adrián Araneda, de 29 años, quien permanecerá detenido hasta marzo de 2026.
Durante la audiencia realizada en los tribunales de Roca —según se precisó en la formulación de cargos— la fiscal del caso, María Celeste Benatti, y la fiscal en jefe, Graciela Echegaray, describieron que Araneda circulaba de manera imprudente y antirreglamentaria por la Ruta Nacional 22, en sentido oeste-este, sin dominio del vehículo y violando múltiples normas de tránsito. Sostuvieron que manejaba alcoholizado, bajo los efectos de estupefacientes, manipulando el celular y a una velocidad mínima superior a los 170 km/h.
Las víctimas fueron identificadas como Liliana Cocuzza (60), médica de Catriel; su hija Karina Gutiérrez Cocuzza (32); y los dos nietos de Liliana, de 6 y 4 años. Todos viajaban en una Ford EcoSport que se encontraba detenida en el carril rápido de la autovía, conducida por Justo Pastor Gutiérrez, quien había descendido previamente del vehículo.
El impacto frontal izquierdo de la Amarok contra la parte trasera derecha de la EcoSport provocó que el rodado menor fuera arrastrado 37,40 metros y se incendiara de inmediato. Las pericias forenses incorporadas a la causa confirmaron que la niña y el niño fallecieron por inhalación de hollín, lo que indica que estaban con vida al iniciarse el fuego.
La fiscalía expuso una amplia plataforma probatoria: actas del Cuerpo de Seguridad Vial, elementos secuestrados dentro de la camioneta —entre ellos un bidón térmico con un reactivo de coloración compatible con metanfetaminas o ketamina—, teléfonos celulares, armas de fuego y dispositivos electrónicos incautados en allanamientos al domicilio del imputado. También se incorporó la prueba de alcoholemia tomada tres horas después del hecho, que dio un resultado elevado, y la proyección retrospectiva realizada por un médico forense, que estimó que Araneda habría tenido entre 0,78 y 1,09 g/l de alcohol en sangre al momento del choque.
A ello se sumaron informes accidentológicos, un testimonio que ubicó a la Amarok superando vehículos a gran velocidad —incluido uno que circulaba a 120 km/h—, registros de cámaras de un bar de Allen en el que el imputado ingresó a las 3 y se retiró a las 5 de la madrugada, y el congelamiento de un perfil en redes sociales donde habría difundido imágenes conduciendo minutos antes del siniestro.
La fiscalía también destacó que Araneda tiene antecedentes: había sido condenado a cinco años de prisión por narcotráfico, pena que cumplió hasta agosto de 2023. Este dato, sumado a informes de la Brigada de Investigaciones sobre su solvencia económica y su exhibición de vehículos de alta gama, fue presentado como argumento para fundamentar el peligro de fuga.
Los abogados querellantes, Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena, acompañaron la acusación. Solicitaron además el embargo del vehículo involucrado y la inhibición de bienes para resguardar la posible reparación integral a las víctimas, pedido que la jueza aceptó.
En cambio, la defensa —a cargo de Michel Rischmann— rechazó la formulación de cargos y cuestionó el agravante por estupefacientes, alegando que no se obtuvo análisis toxicológico directo sobre el cuerpo del imputado. También insistió en que la detención de la EcoSport en el carril rápido constituía una “concausa” del siniestro y que otros automovilistas no habrían visto las balizas encendidas.
La fiscal Echegaray respondió que varios vehículos lograron esquivar la EcoSport sin dificultades y que la velocidad excesiva de Araneda impidió cualquier maniobra de control. También mencionó el testimonio de un conductor que dijo haber visto a Araneda realizando llamadas tras el choque sin prestar auxilio.
Finalmente, la jueza Lemunao consideró que las condiciones en las que circulaba el acusado fueron determinantes y dispuso su prisión preventiva por cuatro meses prorrogables, su traslado al Penal II de Roca, el embargo de la Amarok y la inhibición general de bienes. La defensa adelantó que apelará la resolución.
5 diciembre 2025
Judiciales