La apoderada de la Lista Celeste–Verde, Verónica Chirinos, y la precandidata a la conducción de APEL, Paola Suárez, denunciaron una serie de irregularidades y maniobras por parte de la Junta Electoral del gremio, integrada por Sergio Alarcón, Esteban Prieto y Norma Catriman. Según afirmaron, estas acciones derivaron en la no oficialización de la única lista opositora que se presentaría en las próximas elecciones del sindicato legislativo.
Chirinos recordó que el plazo legal para la oficialización de listas vencía este lunes a las 13, pero señalaron que la Junta Electoral no se había expedido ni siquiera hasta este martes a las 10. Indicaron que esa falta de respuesta dentro de los plazos formales constituye una vulneración al procedimiento establecido. Según denunciaron, la Junta habría actuado siguiendo instrucciones del actual secretario general, Gustavo Morón, lo que compromete la transparencia y la autonomía institucional.
Las referentes detallaron que el jueves al mediodía presentaron 32 cargos, los avales y la totalidad de la documentación requerida. Al día siguiente fueron notificadas de que tres candidatos no cumplían con la antigüedad necesaria, aunque —según afirmaron— se les confirmó verbalmente que los avales estaban en orden. Ese mismo viernes presentaron las correcciones, pero el sábado recibieron nuevas objeciones, entre ellas la observación de “rebordes de lapicera” en las planillas.
Señalaron que esta exigencia no se aplicó a la documentación presentada por la lista oficialista.
A pesar de las dificultades, presentaron nuevamente los papeles y se trasladaron incluso al domicilio particular de Alarcón, dado que la Junta debía funcionar en su sede de Guatemala 229, tal como lo indica la resolución formal.
Finalmente, el lunes —al cumplirse el plazo— fueron notificadas de que la lista no sería oficializada debido a que “cuatro avales no correspondían”. Chirinos y Suárez afirmaron que esta notificación contradecía lo informado verbalmente el viernes y se realizó sin margen para que pudieran ejercer su derecho a defensa.
Las denunciantes calificaron la decisión como una maniobra política para impedir su participación en el proceso electoral. También advirtieron sobre un episodio que consideraron especialmente grave: llamadas realizadas por la integrante de la Junta Electoral, Norma Catriman, a afiliadas que habían avalado la lista opositora para consultarles si habían sido presionadas para firmar.
Consideraron ese accionar como improcedente e intimidatorio y afirmaron que viola la libertad de los afiliados.
Chirinos y Suárez agregaron que durante la recorrida de referentes oficialistas por distintas oficinas se difundió la versión de que “solo había una lista”, lo que generó confusión entre los trabajadores. Explicaron que algunos afiliados que inicialmente habían apoyado a la lista oficialista se retractaron y volvieron a avalar a la Celeste–Verde, dejando constancia documentada de su decisión.
Las referentes insistieron en que cumplieron todos los requisitos establecidos y respondieron a cada planteo realizado por la Junta Electoral. Afirmaron que las objeciones fueron “sucesivas, inconsistentes y sin fundamento” y que la resolución de no oficializar la lista constituye una restricción al derecho de los trabajadores a elegir a sus autoridades.
Finalmente, anticiparon que iniciarán las acciones legales correspondientes para impugnar la decisión adoptada por la Junta Electoral y garantizar la participación de todos los sectores internos en el proceso democrático del gremio.
5 diciembre 2025
Gremiales