Un colectivo de más de 200 mujeres de Viedma y Patagones exige justicia tras conocerse nuevos detalles del grupo de Telegram “Putitas Viedma y Patagones”, donde se habrían difundido y vendido imágenes íntimas sin consentimiento, incluidas de menores de edad. Las víctimas denunciaron públicamente que el intercambio de material continúa y que algunas de las imágenes podrían haber sido obtenidas mediante hackeos, robo de teléfonos o extorsiones.

Según el testimonio de las jóvenes, el grupo —que contaría con unos 80 hombres— funcionaba bajo una lógica de intercambio: para acceder a las fotografías era necesario enviar imágenes de otras mujeres, lo que habría favorecido la expansión del circuito de violencia digital. Varias víctimas sostienen que entre los sospechados figuran personas que reparan teléfonos celulares o acceden a dispositivos ajenos.

El caso, investigado por la Fiscalía N.º 3 de Viedma a cargo de José Chirinos, ya derivó en un allanamiento realizado en el barrio Santa Clara, donde se secuestraron dispositivos electrónicos. Uno de los principales apuntados por las denunciantes es Rodrigo Nicolás Mora, señalado como supuesto administrador del grupo y receptor de los pagos. También se menciona a un técnico de celulares, identificado por algunas mujeres como Sebastián León, quien habría intentado acceder sin autorización a correos electrónicos y galerías fotográficas.

En los mensajes difundidos en redes sociales, las víctimas relatan que viven con miedo por la exposición de sus nombres, domicilios, lugares de trabajo y datos familiares. Reclaman “condena social y judicial” para quienes lucran con la difusión del material íntimo y advierten que “la seguridad de todas las chicas de la Comarca está en riesgo”.

La Fiscalía confirmó que se analiza la posible comisión del delito de distribución de material de abuso sexual infantil, ya que parte del contenido incluiría imágenes de mujeres que eran menores al momento de la toma. Las denunciantes exigen que se avance en la identificación de todos los involucrados y piden acompañamiento institucional y jurídico para las víctimas.

El caso volvió a visibilizar la magnitud de la violencia digital y de género, y el modo en que las redes y plataformas de mensajería pueden ser utilizadas para vulnerar la intimidad y revictimizar a mujeres y adolescentes. Desde organizaciones feministas y de derechos humanos se insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y reparación ante estos hechos, que combinan exposición sexual no consentida, acoso y explotación digital.