El Ministerio Público Fiscal reformuló cargos en la causa que investiga el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril de 2025 en General Roca, a partir de nuevos elementos incorporados a la investigación. Los avances se produjeron tras el análisis del teléfono celular de la víctima, cuyo contenido permitió precisar las circunstancias del hecho y las responsabilidades de las personas imputadas.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió entre las 19:48 y las 20:23 de ese día, detrás de la defensa aluvional de la ciudad. En ese lugar, cuatro hombres habrían agredido a Dobra con golpes y un arma de fuego, provocándole lesiones que derivaron en su muerte. Según la acusación, los agresores actuaron en cumplimiento de un plan ideado por una quinta persona.
Posteriormente, los imputados habrían arrastrado el cuerpo y lo abandonado entre arbustos, para luego sustraer su automóvil y dirigirse a su departamento, del que robaron una bicicleta y una consola de juegos utilizando la llave original. Además, otros dos hombres fueron acusados de encubrimiento agravado: uno por haber ocultado el vehículo y otro por haber mentido deliberadamente a los investigadores sobre el paradero de la víctima.
Dos de los acusados fueron imputados por homicidio triplemente agravado, mientras que otros tres menores de edad fueron señalados como coautores del delito en concurso con hurto calificado por el uso de llave sustraída. A uno de ellos se le sumó la imputación por portación ilegal de arma de fuego de uso civil sin autorización.
El avance en la investigación se consolidó gracias al trabajo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, con sede en Viedma, que logró abrir el celular de la víctima sin necesidad de enviarlo a laboratorios en el exterior. De ese análisis surgieron más de 1400 puntos de geolocalización, además de mensajes, llamadas, videos e imágenes que vinculan a las personas imputadas entre sí y con la víctima.
Toda esa información fue cotejada con testimonios, registros del 911 y pericias previas, lo que permitió fortalecer la acusación. En otros dispositivos también se hallaron conversaciones entre los imputados, donde se coordinaban acciones posteriores al crimen, como el ocultamiento y el intento de incendio del vehículo sustraído.
Durante la audiencia de reformulación, las partes debatieron la posibilidad de declarar la causa compleja, lo que extendería el plazo de investigación por un año. El juez de Garantías resolvió a favor del planteo del Ministerio Público y estableció que la investigación se prolongará hasta el 9 de mayo de 2026.
El magistrado también extendió la prisión preventiva de los imputados mayores de edad hasta esa fecha, al igual que las medidas cautelares para los adolescentes involucrados. Uno de ellos deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía para demostrar su cumplimiento de las condiciones impuestas.
5 diciembre 2025
Judiciales