El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión efectiva para un hombre declarado responsable de hurto en grado de tentativa, defraudación a la administración pública y uso de certificado médico adulterado. La acusación pidió además que se declare su reincidencia, dado que el imputado registra un antecedente penal computable.

La audiencia se realizó de manera presencial y estuvo centrada exclusivamente en el monto de la pena, ya que la declaración de responsabilidad penal había sido resuelta previamente por el Tribunal de Impugnación (TI), que revocó una sentencia de absolución dictada en primera instancia.

Según expuso la fiscalía, los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2023 en un supermercado de San Antonio Oeste, cuando el acusado intentó apoderarse de varios kilos de carne y otros alimentos. La maniobra fue detectada por personal del local y no llegó a concretarse.

Además, se probó que el hombre presentó un certificado médico adulterado en un municipio de la zona atlántica, con el fin de extender de manera fraudulenta una licencia laboral. El documento original establecía un período determinado de reposo, al cual se le añadió un número que amplió los días de licencia en forma indebida.

La fiscalía calificó las conductas como hurto en grado de tentativa, defraudación a la administración pública y uso de documento adulterado, en concurso ideal. En su alegato, destacó la gravedad de los hechos, el desapego a las normas y el impacto que el delito contra la administración pública genera en la confianza social. Aunque la escala penal permitiría una pena condicional, la existencia de un antecedente penal impide conceder ese beneficio.

Por su parte, la defensa coincidió con la acusación en el monto acordado de la pena, pero anticipó que apelará ante el Tribunal de Impugnación para revisar la declaración de responsabilidad penal de su defendido.

El juez de juicio interviniente adelantó que la sentencia final se dará a conocer en los próximos días.

El proceso judicial incluyó un debate oral desarrollado en junio pasado en Viedma, donde declararon seis testigos, entre ellos agentes de seguridad del supermercado, el gerente del local y personal del municipio afectado. También brindaron testimonio el médico firmante del certificado original, la directora del hospital local y una perita calígrafa que examinó el documento.

En aquella instancia, el acusado había sido absuelto por el beneficio de la duda. Sin embargo, en septiembre el Tribunal de Impugnación revocó la absolución y lo declaró culpable, ordenando la audiencia de cesura que se llevó a cabo esta semana para definir la pena.