El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por el presunto intento de defraudar al Instituto Provincial del Seguro de la Salud (IPROSS), mediante la utilización de documentación presuntamente apócrifa. Según la investigación, la maniobra buscaba obtener pagos millonarios por insumos médicos que nunca habrían sido entregados a afiliados del organismo.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Asuntos Legales del IPROSS, que detectó irregularidades en órdenes de compra y remitos de recepción presentados entre el 25 de septiembre y el 17 de octubre de 2024. En la misma investigación también se encuentra imputada la madre del acusado, quien no pudo asistir a la audiencia de formulación de cargos por problemas de salud.
De acuerdo con la acusación fiscal, madre e hijo habrían intentado gestionar el pago de más de 8,4 millones de pesos mediante la supuesta provisión de una silla de ruedas destinada a una persona afiliada, que nunca fue entregada. En ese mismo período, con idéntico procedimiento, se habría intentado cobrar otros 13,8 millones de pesos por una segunda silla de ruedas, también inexistente. En ambos casos, la falsedad de los documentos fue detectada antes de que se concretaran los pagos.
Los hechos fueron calificados por la fiscalía como fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, atribuidos a ambos imputados como coautores, en los términos de los artículos 45 y 174 inciso 5 del Código Penal.
El sustento probatorio incluye documentación administrativa del IPROSS, declaraciones testimoniales, informes técnicos, pericias sobre comunicaciones telefónicas, registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos y actuaciones de organismos de control.
Durante la audiencia, la defensa particular del imputado se opuso a la formulación de cargos. Sin embargo, el juez de garantías interviniente consideró que existían los elementos suficientes para avanzar en la investigación y dispuso la apertura formal del proceso penal preparatorio, con un plazo de cuatro meses para la producción de pruebas.
5 diciembre 2025
Judiciales