Desde esta mañana y hasta el lunes 29 de septiembre se desarrolla, de manera híbrida entre los Tribunales de General Roca y la Oficina Judicial de Choele Choel, el segundo debate por la presunta participación de tres empleados policiales en la muerte de Daniel Solano, ocurrida en 2011.

En la audiencia de apertura, la fiscalía adelantó que pedirá la responsabilidad penal de dos de los acusados por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. En el caso del tercer imputado, la acusación es más grave: partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones.

Según describió la fiscal jefa, este último habría colaborado para que un grupo de policías —ya condenados en 2018— lograra llevarse a Daniel Solano desde un local bailable de Choele Choel, lo que derivó posteriormente en su muerte. La sentencia previa estableció que el joven fue víctima de un operativo irregular en la madrugada del 5 de noviembre de 2011.

En cuanto a los otros dos acusados, la fiscalía sostuvo que presenciaron los golpes que Solano recibió de parte de sus compañeros, sin intervenir ni labrar las actas correspondientes. Además, no habrían dado aviso a sus superiores ni puesto a la víctima bajo custodia, incumpliendo de este modo con sus deberes como funcionarios policiales.

“Vamos a escuchar a personas que estuvieron presentes en el local bailable, entre ellos trabajadores, asistentes, quien tomó fotografías en el interior y quienes realizaron las primeras exposiciones tras la desaparición”, indicó la fiscalía al enumerar la prueba que se producirá durante el debate.

Las defensas, por su parte, rechazaron la acusación. Un defensor público señaló que no está acreditado el dolo en la conducta de su asistido, quien —según dijo— sólo cumplía con funciones ordinarias y no tuvo participación posterior en los hechos. El defensor particular, en tanto, agregó que “se trata de rebelar la realidad de lo ocurrido” y planteó que la causa podría estar afectada por el tiempo transcurrido. Negó que hubiera secuestro, incumplimiento o abuso de autoridad, y adelantó que lo probará con testigos y pericias científicas.

El juicio está a cargo de un Tribunal Colegiado, dado que la pretensión punitiva de la fiscalía y la querella supera los tres años de prisión.

Los alegatos de apertura se transmiten en vivo por el canal institucional de YouTube, en una iniciativa conjunta de las áreas de Comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público.