Tras 13 años, Silvia Rispalda obtuvo justicia por la tragedia de Las Grutas

La Justicia Civil condenó a la propietaria del complejo donde en 2012 murieron sus dos hijos y su pareja. La indemnización supera los 118 millones de pesos.

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El dolor que marcó para siempre la vida de Silvia Elisabet Rispalda encontró, después de trece años, un primer gesto de reparación. El pasado 15 de septiembre de 2025, el Juzgado Civil N° 1 de Viedma dictó sentencia en la causa por la tragedia de Las Grutas, ocurrida el 18 de febrero de 2012, cuando un incendio en un complejo turístico se cobró la vida de sus dos hijos menores y de su pareja.

La jueza Julieta Noel Díaz resolvió condenar a la propietaria del inmueble, María de los Ángeles León, a abonar más de 118 millones de pesos en concepto de indemnización por valor vida, daño moral y daño psíquico. Además, deberá cubrir el tratamiento psicológico de la víctima.

En aquella madrugada perdieron la vida Sergio Aniñil (49 años), su hijo Agustín (17) y Federico (11), este último con síndrome de Down. Silvia no se encontraba en el lugar: había reservado sus vacaciones para abril, cuando planeaba asistir a un congreso de capacitación sobre la condición de su hijo menor.

Si bien en 2016 la propietaria había sido sobreseída en el fuero penal por no poder establecerse responsabilidades individuales, la Justicia Civil analizó el caso desde otro ángulo: la responsabilidad objetiva derivada del deber de seguridad. La sentencia remarcó que el complejo funcionaba sin habilitación municipal, sin detectores de monóxido de carbono y sin medidas básicas de seguridad, lo que tornó responsable a la dueña en el ámbito civil.

La acción contra la Municipalidad de San Antonio Oeste se declaró prescripta, por lo que no se le atribuyó responsabilidad en la causa.

El fallo refleja con crudeza el impacto de la pérdida: “De un momento para otro su vida cambió y dejó de tener sentido. Los hijos eran el motor de su vida”, sostiene la resolución.

Aunque la sentencia aún no está firme, para Silvia Rispalda representa más que un resarcimiento económico: significa que el Estado reconoció que la muerte de sus seres queridos no fue un accidente inevitable, sino la consecuencia de graves incumplimientos. Tras años de lucha incansable, marchas y reclamos, este fallo se vive como un alivio y un acto de justicia para una madre que jamás dejó de honrar la memoria de sus hijos y de su compañero.

Rispalda fue representada por los abogados Franco Paniz y Felipe Suárez Díaz, quienes destacaron el valor de la sentencia como reconocimiento a una verdad largamente esperada.

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