El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó un proyecto de ley destinado a limitar la concentración de poder que ejerce el gobernador sobre la Justicia provincial. La iniciativa busca modificar el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley K N° 5190) para impedir que quienes hayan desempeñado cargos políticos en el Estado provincial puedan acceder a puestos jerárquicos dentro del Poder Judicial hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones.

Berros afirmó que “hay que buscar poner límites a la concentración de poder por parte del gobernador. La Justicia no puede ser, como muestran los aprietes o encubrimientos, según sea el caso, un apéndice del poder para condicionar a aquellos que piensan diferente al partido del gobierno”. En este sentido, explicó que la reforma apunta a cortar la relación de ida y vuelta entre política y Justicia, donde “un día están de un lado u otro del mostrador, según las necesidades del poder”.

El proyecto establece un plazo de enfriamiento de cinco años para exfuncionarios políticos, ministros, legisladores, secretarios y otros cargos afines, evitando que accedan directamente a cargos judiciales. Berros citó casos recientes para ejemplificar la problemática: “El ex secretario político del bloque legislativo del partido de gobierno, Sergio Ceci, pasó a ser juez del Superior Tribunal sin más trámite que su afinidad con Weretilneck. Estoy seguro que no va a fallar ni revisar los casos de corrupción del gobierno provincial, puesto que hasta hace nada era parte del mismo. Por otro lado, el ex legislador Nicolás Rochas también consiguió un cargo en la Justicia tras rendirse a los pies del gobernador”.

El dirigente denunció que existen “infinidad de casos” y calificó a la Justicia como “muy desprestigiada” y con una “actitud cómplice”, producto de la “connivencia entre un poder y otro”. “Con esta propuesta intentamos limitar que el gobernador se siga entrometiendo y manejando a control remoto a jueces y fiscales”, sostuvo.

Actualmente, el artículo 13 de la Ley K 5190 solo contempla inhabilidades genéricas, por lo que esta reforma busca fortalecer la independencia judicial, la transparencia institucional y la confianza ciudadana en el sistema de Justicia, incorporando una restricción específica para exfuncionarios políticos.

Un relevamiento periodístico reciente reveló que el 40% de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia cuenta con antecedentes políticos vinculados al partido de gobierno, lo que afecta la percepción pública sobre la imparcialidad judicial y refuerza la necesidad de un período de enfriamiento.

En definitiva, la iniciativa apunta a fortalecer la imparcialidad y legitimidad del Poder Judicial en Río Negro, garantizando que jueces y funcionarios judiciales estén libres de sospechas de dependencia política reciente, en defensa del sistema democrático y del principio republicano de independencia judicial