La falta de definiciones sobre la venta del avión comprado por la Provincia en la gestión de la ex gobernadora, Arabela Carreras, y enajenado en 205 por el gobierno de Alberto Weretilneck, sigue bajo cuestionamiento. A más de un año de la denuncia presentada por la oposición, todavía no hay una resolución ni información oficial sobre el estado del expediente, mientras persisten las dudas sobre el precio de venta, los funcionarios involucrados y el rol de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Las críticas fueron planteadas por el legislador Luciano Delgado Sempé, quien sostuvo que ni siquiera quien realizó la denuncia recibió precisiones sobre el trámite. Se trata del expediente presentado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la venta del avión Cessna Citation que la Provincia compró en el 2022 y, luego, se cedió a la empresa Aerovida por 2,6 millones de dólares, aunque el pago se cumplió “en especie”, con vuelos sanitarios a favor de la provincia.

Según relató, al consultar formalmente por el estado de la investigación la respuesta fue que la fiscalía no está obligada a informar a la persona denunciante. El legislador cuestionó esa postura y apuntó contra la titular del organismo, Dolores Cardell. “No me llamaron nunca para ampliar la denuncia ni para aportar elementos”, sostuvo.

Delgado Sempé vinculó esa falta de respuesta con otras presentaciones realizadas por presuntas irregularidades en organismos provinciales. Mencionó las actuaciones sobre EMIR S.A., una contratación con una empresa de Jujuy, y la denuncia para investigar presuntas incompatibilidades del primo del empresario Federico “Fred” Machado, el empresario Claudio Ciccarelli, que también fue derivada a la Justicia penal.

En ese marco, señaló que existe una diferencia en la velocidad con la que avanzan algunas investigaciones. Sostuvo que cuando las denuncias involucran a dirigentes cercanos al gobernador Alberto Weretilneck los expedientes “se mueven rápido”, mientras que en otros casos no hay avances ni respuestas.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la investigación sobre la compra y posterior venta del avión. Delgado Sempé recordó que la aeronave había sido incorporada por el gobierno provincial en 2022, pero luego fue vendida “por un precio muy bajo” y con una operación que, según afirmó, contempló parte del pago en especie.

El legislador aseguró que la pesquisa original solo alcanzó al exsecretario, José María Apud, pero no incluyó a otros exfuncionarios que participaron en el expediente de compra. Mencionó entre ellos a quienes eran ministros durante la gestión anterior y firmaron los pedidos para adquirir la aeronave.

“Todos tendrían que haber sido investigados”, sostuvo. Y agregó que, mientras el avión fue vendido por debajo de su valor, la Provincia terminó alquilando un helicóptero para incendios por unos siete millones de dólares tiempo después.

También cuestionó que la investigación original no incluyera a otros nombres que participaron del expediente. Según señaló, la compra había sido impulsada por exfuncionarios de primera línea y, sin embargo, la pesquisa avanzó únicamente sobre quienes luego quedaron alejados del oficialismo.

Cambios para jubilados, reintegros y medicamentos

En la misma entrevista, Delgado Sempé volvió a cuestionar el funcionamiento de la FIA a partir de una respuesta que recibió sobre otra denuncia vinculada a la cobertura de la obra social provincial. A partir de ese caso, presentó una serie de proyectos para modificar la ley de Instituto Provincial del Seguro de Salud.

Uno de los proyectos propone incorporar a una persona jubilada al directorio de la obra social. El argumento es que ese sector aporta más que las y los trabajadores activos, pero no tiene representación. Según explicó, las personas jubiladas aportan el 5,5% de sus haberes, mientras que el personal activo aporta el 4,5%.

“Son quienes más ponen y no tienen voz en el directorio”, señaló el legislador, quien sostuvo que la integración actual deja afuera a uno de los sectores con mayor nivel de aporte y de uso de la obra social.

Otra de las iniciativas fija un plazo máximo de 90 días para los reintegros y establece que la devolución no podrá ser inferior al 80% de la prestación abonada por la persona afiliada.

Actualmente, indicó, hay casos en los que el reintegro tarda hasta un año y se liquida sobre valores internos de la obra social. “La persona paga una práctica y después recibe mucho menos de lo que gastó”, cuestionó.

El paquete de reformas también busca dejar expresamente incorporados en la ley los medicamentos, prótesis, ortesis, insumos médicos, cirugías y tratamientos. La intención es evitar interpretaciones restrictivas sobre qué debe cubrir la obra social y cerrar el margen para que esas prestaciones queden sujetas a criterios discrecionales.

La discusión surgió luego de que Dolores Cardell respondiera, en el marco de una denuncia anterior, que el término “prestaciones” solo refiere a la atención médica y no a los medicamentos.

Para Delgado Sempé, esa interpretación deja afuera tratamientos indispensables y obliga a muchas personas con enfermedades crónicas a atravesar trámites especiales para acceder a la cobertura total. “Para conseguir el cien por ciento de un remedio tienen que presentar una especie de certificado de pobreza”, afirmó.

El legislador sostuvo que la situación es especialmente crítica para pacientes oncológicos y personas con enfermedades de larga duración, que muchas veces deben recorrer farmacias o esperar autorizaciones hasta último momento para poder continuar con sus tratamientos.

Además, planteó que el sistema actual genera diferencias entre quienes tienen vínculos con el poder y quienes no. Según denunció, mientras algunas personas consiguen coberturas excepcionales de manera rápida, otras deben atravesar trámites extensos aun cuando se trata de medicamentos o tratamientos indispensables.