El Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo a la reestructuración del Ministerio de Economía, destacando que la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la paralización de más de 100.000 viviendas de interés social generan un grave déficit habitacional en la Argentina. Según el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, estas decisiones tienen un alto costo social y económico para el país.

La medida fue anunciada a través del Decreto 70/25, que establece la reestructuración mencionada y afecta directamente a los proyectos de construcción de viviendas en los que el Estado ya había invertido más de 3.000 millones de dólares. En este contexto, Aguiar criticó la gestión del gobierno, señalando que “paralizan la ejecución de más de 100.000 viviendas” que, en muchos casos, ya se encontraban con el 80% o 90% de su construcción completada.

Aguiar calificó las decisiones como parte de una gestión ineficaz, manifestando que el Gobierno no logró realizar obras públicas significativas y que la estrategia económica del Ejecutivo no fue efectiva. “No han podido explicar cuáles son los beneficios para la sociedad, a pesar de jactarse de ahorros multimillonarios. No construyeron ni 10 metros de asfalto, ni cambiaron una lámpara del alumbrado público”, apuntó el dirigente sindical.

Según el relevamiento realizado por ATE, las paralizaciones afectan a viviendas en diversas etapas de construcción, lo que incrementa el déficit habitacional y deja sin solución a miles de personas que esperaban acceder a una vivienda propia. Aguiar subrayó que “el acceso a la vivienda es un derecho que estaba vulnerado y esta medida lo termina de aniquilar”.

Además de los problemas habitacionales, la reestructuración en Economía impacta en la estabilidad laboral de más de 500 trabajadores. ATE denunció que, si no se reubican en otras áreas, estos empleados serán despedidos de manera ilegítima. Aguiar señaló que, aunque el gobierno defiende la medida asegurando que mejorará la coordinación de las políticas económicas, el sindicato considera que “lo único que quieren mejorar es la coordinación de los negociados” en beneficio de un pequeño grupo de empresarios.

La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. Ante las críticas, el gobierno sigue defendiendo la reestructuración como una medida necesaria para optimizar los recursos y las políticas económicas, aunque los sindicatos continúan denunciando sus efectos negativos en la población más vulnerable.