La legisladora Magdalena Odarda, acompañada por diversos representantes sociales y ciudadanos de Río Negro, solicitó formalmente a la Presidencia de la Legislatura la postergación del tratamiento en segunda vuelta del proyecto de ley impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para la creación del nuevo Código Procesal Constitucional. Esta solicitud busca asegurar que se brinden más oportunidades para debatir y permitir la participación de la ciudadanía y los sectores involucrados en el proceso legislativo.

El proyecto, que generó alarma en diversos sectores de la sociedad, plantea la modificación de varias leyes fundamentales, incluyendo la Ley 2779 de amparo colectivo, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Habeas Corpus y la Ley de Habeas Data. Para los opositores, esta iniciativa compromete el principio de no regresividad y progresividad de los derechos, debido a las modificaciones que plantea en la estructura jurídica que protegió históricamente los derechos fundamentales en la provincia.

Además, el artículo 141 de la Constitución Provincial, que establece la obligación de garantizar la participación popular, es señalado por los detractores como no cumplido en este caso, ya que consideran que no se dio suficiente espacio para que la ciudadanía se exprese sobre el contenido del proyecto. Este punto fue destacado en diversos comunicados y en el boletín oficial de la Legislatura de Río Negro.

Otro de los puntos críticos es que el nuevo código impone requisitos más estrictos para la presentación de acciones de amparo, lo que podría entrar en contradicción con el artículo 43 de la Constitución Nacional, generando dudas sobre su constitucionalidad. Además, la iniciativa elimina de facto el amparo colectivo al declarar inadmisibles las acciones contra el Poder Ejecutivo, y las deriva a un proceso contencioso administrativo que podría extenderse por años, generando demoras en las resoluciones de los casos.

El proyecto también plantea un cambio significativo en cuanto a la participación ciudadana, al habilitar la imposición de costas judiciales a las personas cuyo amparo sea rechazado, lo cual podría desalentar a los ciudadanos a presentar reclamos judiciales. Las personas que interpongan reclamos podrían enfrentarse a una multiplicación de los costos por hasta diez veces si el reclamo es considerado "temerario". Además, se elimina la obligación de publicar edictos, lo que podría limitar la adhesión de otros ciudadanos a los reclamos colectivos.

El Superior Tribunal de Justicia defendió la propuesta, argumentando que el nuevo Código Procesal Constitucional busca consolidar en un único texto las normas que regulan las acciones para proteger los derechos constitucionales. Sin embargo, los críticos afirman que la medida representa un retroceso en términos de derechos ciudadanos, al poner en riesgo instrumentos fundamentales como el amparo colectivo y la acción de inconstitucionalidad.

Odarda, por su parte, sostiene que este proyecto no fue suficientemente difundido entre la población, lo que dificulta la comprensión de sus implicancias. Según la legisladora, las modificaciones propuestas atentan contra derechos fundamentales y desvirtúan herramientas democráticas clave para la protección de los derechos individuales y colectivos. En su opinión, esta iniciativa responde a una tendencia de recentralización de poder y restricción en el acceso a la justicia, lo que comprometería la democracia en la provincia.

La solicitud de postergación cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones, colectivos y referentes sociales, entre los que se destacan figuras como Felisa Curamil, Laura Sabesunsky, y representantes de la Multisectorial Transfeminista Viedma y Patagones. Estos grupos expresan su preocupación por las posibles consecuencias de la reforma y piden a la Legislatura de Río Negro garantizar un proceso legislativo más transparente y participativo, que proteja los derechos conquistados por la ciudadanía.