Un escándalo de final de año se suscitó ayer entre el senador nacional Martín Doñate y el Gobierno de Río Negro debido a la crítica que lanzó el parlamentario peronista sobre supuestos acuerdos confidenciales entre la Provincia y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entre otros aspectos llamó la atención tras la presencia del ministro de Seguridad porteño. Marcelo D’Alessandro en la polémica reunión de jueces y empresarios del grupo Clarín en la estancia Lago Escondido, del magnate inglés Joe Lewis.

Doñate repudió vía redes sociales el convenio firmado y publicado ayer por el Boletín Oficial entre la Gobernadora Arabela Carreras, y el Ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro, protagonista del escándalo del lago escondido, “nada bueno puede significar para la seguridad de Río Negro este convenio confidencial” sentenció Doñate. “Espero que no haya algo más grave y oculto detrás de esta irresponsable decisión”, alertó.

El senador también le reclamó a la ministra de seguridad de Río Negro, Betiana Minor y a la gobernadora Arabela Carreras que brinden explicaciones y anulen de manera urgente la firma del convenio entre la provincia de Río Negro y el ministro porteño que pergeñó el armado de causas y el invento de pruebas junto a jueces y fiscales. Al mismo tiempo habló de un “oscuro acuerdo” que “no sabemos en qué marco se da ni qué objetivos tiene. “Tampoco tenemos ninguna especificidad ni sabemos de qué se trata esto de andar intercambiando información confidencial con los porteños”, repudió.

Doñate indicó que “es hora que la gobernadora se ocupe de manera más efectiva en volcar recursos, equipamiento y mejoras salariales a la Policía de Río Negro ante esta la ola de inseguridad que sufre nuestra provincia y deje de firmar acuerdos de información confidencial con quienes organizan viajes a nuestra provincia cometiendo delitos de toda índole “.

“Quiero creer que la gobernadora ha cometido un grave error al firmar un acuerdo con un tipo que vino protagonizar una serie de delitos a la provincia que ya es un escándalo nacional y que no hay nada más grave ni oculto detrás de esta decisión”, indicó el senador rionegrino. Nada ayudará a la provincia a tener mejor servicio de seguridad con esta decisión de Arabela Carreras” concluyó el senador.

La respuesta del Gobierno

La Ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, brindó, tras el cuestionamiento de Doñate,  información sobre los numerosos convenios firmados por el organismo a su cargo con distintas jurisdicciones del país, entre los que se encuentra un acuerdo suscripto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los primeros días de noviembre de 2022 para implementar, entre otras líneas de trabajo, capacitaciones recíprocas en materia de seguridad pública.

Los citados convenios, ratificados mediante Decreto Gubernamental, son los siguientes:

1.- Convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Transporte.

2.- Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Salud (Sistema Integral de Atención Rionegrino de Medicina de Emergencias - SIARME)

3.- Convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de La Pampa.

4.- Convenio para el Fortalecimiento y Desarrollo Institucional entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

5.- Convenio de colaboración en la Prevención e Investigación de Delitos Económicos entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Provincia de Río Negro.

6.- Convenio suscripto entre el Ministerio de las Mujeres, Género y la Diversidad de la Nación y la Provincia de Río Negro, para la articulación de las líneas 144 y SAE 911.

7.- Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la C.A.B.A y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro.

8.- Adhesión al Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (FORCIC)

9.- Convenio suscripto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la implementación de los dispositivos grupales para varones que ejercen o han ejercido violencia de género.