La Procuración General de la Nación sancionó a la Fiscal Federal Inés Beatríz Imperiale por no investigar las denuncias en la que se la alertaba de una red de corrupción de menores y prostitución infantil en Viedma, causa que fue tomada por la Justicia rionegrina que terminó con varios empresarios e incluso un camarista rionegrino condenados y presos.
La Procuració resolvió la aplicación de una sanción denominada prevención por haber "omitido investigar debidamente la causa” y surge a partir de la denuncia por mal desempeño y grave negligencia presentada por la diputada nacional rionegrina María Emilia Soria en 2015.
Imperiale además de no investigar había ordenado el archivo de las actuaciones relativas a la denuncia de trata de menores.
El Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación le indicó a la sancionada fiscal que “en lo sucesivo ajuste su actuación al diligente cumplimiento de los deberes propios de su función de magistrada del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
Quedó demostrada la “falta de empeño y exhaustividad” en la actuación de Imperiale en el aberrante caso de corrupción de menores que saliera a la luz en la ciudad de Viedma y derivara en la condena del ex Camarista Juan Bernardi.
La resolución concluye además que “una investigación más exhaustiva como el caso imponía le hubiera permitido dilucidar oportunamente la realidad de los hechos, e incluso hacer cesar los efectos del delito".
Se consideró además que "de haber actuado del modo esperable, probablemente se habría evitado que las víctimas prolongasen su condición de tales”.
Sobre dicho dictamen, Soria opinó que la sanción aplicada es poco rigurosa en función de las consecuencias de la negligencia comprobada: “livianamente afirman que si Imperiale hubiese actuado como correspondía, las menores hubiesen estado a salvo antes. Estamos hablando de corrupción de menores que debían estar al resguardo del Estado, es muy grave. Con esa misma liviandad aplicaron la sanción a la Fiscal. Vergonzoso”.
29 diciembre 2025
Judiciales