Tras la primera audiencia, realizada el pasado 6 de julio, el juez había dispuesto "hacer lugar" al amparo, circunscribiéndolo a tres problemáticas: el ingreso de menores de edad a las celdas, las requisas a niños, niñas y adolescentes que ingresan como visita y la no discriminación entre las visitas de "reunión conyugal", más conocidas como visitas íntimas, y las visitas de "consolidación familiar". 

También había dispuesto que, previo a la audiencia de ayer, las partes debían reunirse para intentar elaborar en conjunto un protocolo de actuación que contemple los puntos en conflicto. Sin embargo, desde la Defensoría de Menores se informó en la audiencia que ese consenso no fue posible hasta el momento, de modo que se estableció el próximo 22 de agosto como fecha para la presentación de un reglamento de visitas y de requisas que resguarde la integridad física y psíquica de los menores de edad.

El juez explicó que se está brindando a las partes la oportunidad de elaborar un protocolo conjunto que contemple las "múltiples y delicadas aristas" que engloba el planteo del amparo, teniendo en cuenta que la ley prohíbe el ingreso de menores de edad al interior de las celdas pero que al mismo tiempo la unidad penitenciaria emplazada en esta ciudad no cuenta con sectores de visita en todos sus pabellones.

Por la Defensoría de Menores asistieron las amparistas, Estela Aroca y Alicia Terraza, mientras que por la Defensoría de Ejecución participó de la audiencia su titular, Eduardo Luis Carrera, y por la Fiscalía de Ejecución intervino como subrogante Graciela Echegaray. También participaron el secretario de Seguridad y Justicia de la provincia, Marcelo Estéves; el titular del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Ceccini; el abogado por la Fiscalía de Estado, Enrique Llanos, y el subjefe del Penal 2, oficial principal Diego Ramos.