Piemonte, remarcó que “esta es una actitud claramente ilegal y antidemocrática. Pretender influir en situaciones electorales absolutamente legales, amparadas por la ley y referidas a un territorio ajeno al suyo constituye una actitud repudiable que merece la condena más absoluta”
 
El Proyecto de Resolución fue presentado en el dia de hoy en el Congreso de la Nación, pidiendo el autor del mismo-Dip. Piemonte- “que todas la fuerzas políticas reaccionen ante este hecho, manifestando su más absoluta rechazo y repudio al igual que los Poderes Ejecutivos de ambas provincias, restituyendo a esos trabajadores en sus cargos habituales”.

Como ya informó LA PALABRA, una empleada administrativa de la Policía de Río Negro, que reside en Carmen de Patagones, fue sumariada y suspendida por haber sido candidata a concejal por la Coalición Cívica en ese distrito bonaerense, en las elecciones primarias del 11 de agosto pasado. “Son prácticas dignas de un gobierno de facto”, dijeron desde la agrupación política que resultó vencedora en las internas del Frente Progresista Cívico y Social.

La sanción fue decidida sólo por el hecho de participar de los comicios en una de las nóminas. Según aseguran desde la CC ARI, la trabajadora policial no habría interferido su actividad política con sus labores en esa fuerza de seguridad.

Calificaron a esta cuestión como muy “delicada” y aseguraron que se pretende “obtener información que se supone reservada a los partidos políticos legalmente constituidos y sobre todo, en relación a una situación legítima avalada por la máxima Autoridad Electoral de la provincia de Buenos Aires”. Lo hicieron porque la Policía rionegrina habría requerido explicaciones por parte de autoridades de la Coalición Cívica de Patagones y de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, hicieron “responsables de la estabilidad y tranquilidad laboral de quienes hoy resultan perseguidos injustamente con prácticas dignas de un gobierno de facto, a las autoridades políticas y policiales de la Provincia de Río Negro”.

Se reservaron el derecho de todas  las acciones, incluso “recurrir en denuncia a Organismos Internacionales,  que restauren el derecho vulnerado y dejen en claro que en el estado de derecho por el que hemos luchado tanto tiempo, sean desterrados este tipo de actos para siempre y  –consecuentemente- aquellos que pretendan reinstalarlos por cualquier medio , aun escudándose en cargos públicos, sean castigados con el rigor que se merecen por este avasallamiento mediante una práctica indigna de la vida democrática, como resulta ser la persecución mediante sumarios a ciudadanos probos que ejercen el derecho que les acuerda la Constitución,  de elegir y ser elegidos”.

Stella Fíbiger, candidata a concejal en primer término por el Frente Progresista Cívico y Social (accedió a ese lugar tras vencer en las internas representando a la CC ARI), dijo desconocer la reglamentación interna de la Policía rionegrina, pero afirmó que “me remito al artículo 37º de la Constitución Nacional y al 59º de la Provincial (Buenos Aires) que habilitan al ejercicio pleno de los derechos políticos, entre ellos el de ser elector y ser elegido”.

“La persona que recibió el sumario (fue precandidata a concejal en 6º lugar) siempre vivió en Carmen de Patagones y la Junta Electoral Provincial avaló la lista sin solicitar ningún tipo de requerimiento”, recalcó.

Subrayó que la Policía rionegrina consideró esta candidatura “como una falta grave, no se trata de un sumario por un hecho leve, lo que puede provocar la suspensión sin goce de haberes y la baja de su puesto”.

“¿Si esto es una falta grave dentro de una fuerza policial, cómo debemos calificar la participación de policías en delitos de trata o de venta ilegítima de drogas?”, se preguntó Fíbiger.

Luego de informar que la mujer decidió renunciar a la lista, expresó que “debemos dar a conocer estos hechos para que no le ocurra a otros partidos políticos”.