“Desde el Frente Progresista rionegrino proponemos llevar al Congreso Nacional iniciativas tales como la necesidad de Brindar Jerarquía constitucional al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, exigiendo para ello la aplicación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; actualizar la Ley Nacional de Política Indígena 23.302, reformulando sus contenidos a la luz de la Constitución de 1994 y de los demás instrumentos internacionales firmados por nuestro país, promoviendo que todas las políticas que involucren a los Pueblos Indígenas se desarrollen con la debida participación de sus comunidades y organizaciones representativas”, plantearon Odarda y Duch desde Ñorquinco.
Además, agregaron que “En el Congreso de la Nación va a ser necesario llevar la propuesta sobre la actualización a la Ley Nacional 26.160 y sus complementarias, a través de las cuales se dispone la suspensión de los desalojos indígenas y se ordena la realización de un relevamiento de los territorios que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios. Es necesario que la nueva ley impida terminantemente la realización de nuevos desalojos y ordene efectivizar el relevamiento territorial inconcluso imponiendo plazos y severas sanciones a los estados en caso de incumplimiento, proponiendo además los pasos a seguir para la confección de los Títulos Comunitarios de sus Tierras en forma gratuita”.
“Promover el dictado de una Ley Especial destinada a garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas, a través de sus comunidades y organizaciones representativas, a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan, así como de todas aquellas aptas y suficientes para el desarrollo humano; establecer, a través del dictado de una Ley Nacional, un Protocolo para la realización de los procesos de Consulta, así como para la obtención del Libre Consentimiento, Informado y Previo, respecto de la aprobación, o no, de cualquier proyecto que afecte los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas serán medidas que impulsaremos”, dijeron los candidatos a la senaduría, e insistieron que “tal extremo constituye una obligación para el Estado y no una mera concesión o acto de buena voluntad del mismo, debiendo realizarse dicho procesoconforme a la cosmovisión de cada pueblo en particular, con ausencia de coacción estatal, a la vez que brindando información previa, oportuna, transparente y adecuada a los referentes indígenas, debiendo proveer el Estado los recursos necesarios”.
Por último, Odarda y Duch señalaron que “Cada uno de los Pueblos Originarios existentes en el país cuentan con una legitimidad de origen y con una estructura institucional propias que los distinguen del resto de la sociedad, tanto desde el punto de vista político como desde lo económico, social y cultural. La estructura que deriva de prácticas y costumbres tradicionales que los mismos han venido desplegando sobre estas tierras a lo largo de milenios, conformando así un verdadero sistema jurídico que es el “Derecho Indígena”. El Estado, tanto a nivel nacional como de las diferentes provincias y municipios, se encuentra obligado a respetar dichas normativas, así como a observar las garantías establecidas por el derecho constitucional e internacional en favor de los pueblos indígenas”.
6 mayo 2024
Río Negro