Dos médicos del hospital de Río Colorado quedaron imputados en una causa que investiga presuntas irregularidades en la atención de una mujer durante un parto y la posterior muerte perinatal de su bebé. La reformulación de cargos fue aceptada por el juez de Garantías Roberto Gaviña, quien dispuso que la investigación penal preparatoria continúe durante dos meses.

El hecho ocurrió en junio de 2025, cuando la paciente cursaba un embarazo de 41 semanas, considerado de alto riesgo para el bebé, y tenía programada una inducción del parto. Durante la audiencia, el fiscal Matías Alvarez Reynolds expuso la teoría del Ministerio Público Fiscal sobre la actuación de los profesionales y las circunstancias que derivaron en el nacimiento sin vida.

De acuerdo con la acusación, la mujer había solicitado expresamente una cesárea, pero el obstetra habría dispuesto que el nacimiento se produjera por vía vaginal. La Fiscalía sostuvo que, luego de la colocación de una vía periférica y un comprimido intravaginal, la paciente comenzó con dolores intensos y, al alcanzar la dilatación completa, fue trasladada a la sala de partos.

En ese lugar, siempre de acuerdo con la reconstrucción fiscal, el médico realizó la ruptura artificial de la membrana y le indicó que pujara durante aproximadamente 20 minutos, sin que se produjera el descenso del bebé. Ante la falta de avance, convocó a la ginecóloga de guardia.

La maniobra cuestionada

La Fiscalía planteó que durante la atención se realizaron maniobras de compresión uterina externa, identificadas como maniobra de Kristeller, y cuestionó la intervención de la segunda profesional. Según la acusación, la ginecóloga sugirió esperar o evaluar una cesárea, pero se retiró de la sala sin asumir la conducción del parto ni supervisar la situación.

El representante del Ministerio Público Fiscal atribuyó el fallecimiento del bebé a un traumatismo craneoencefálico agudo con hemorragia subaracnoidea, que habría sido ocasionado por esa maniobra. Se trata de la hipótesis sostenida por la acusación, que deberá ser examinada durante el proceso judicial.

Además, la Fiscalía señaló que ambos profesionales habrían omitido registrar de manera adecuada el seguimiento continuo, los controles fetales y la información sobre la placenta, tanto en el partograma como en la historia clínica.

Para respaldar la reformulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó un conjunto de elementos que incluye actas de denuncia, el secuestro de la historia clínica, informes del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, pericias psicológicas e histopatológicas, registros de guardias, documentación hospitalaria e informes del Gabinete de Criminalística. También forman parte de la investigación las declaraciones testimoniales de familiares, integrantes del personal médico y técnico.

La Fiscalía encuadró provisoriamente la conducta de los dos profesionales como incumplimiento de los deberes de funcionario público en un contexto de violencia obstétrica, en relación con la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y la normativa estatutaria provincial. Las defensas particulares se opusieron a la reformulación de cargos y sostuvieron la inocencia de sus asistidos. También solicitaron el sobreseimiento, un planteo que fue rechazado por el juez Gaviña.

Finalmente, el magistrado tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la Fiscalía y declaró abierta la etapa de investigación penal preparatoria por dos meses. Además, homologó las pautas de conducta para ambos imputados: deberán informar sus domicilios y comunicar cualquier modificación, así como las ausencias prolongadas o las salidas del país.

La causa continuará ahora con la producción y el análisis de las pruebas para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder a cada uno de los profesionales.