La Fiscalía y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes pidieron 20 años de prisión efectiva para un hombre que reconoció haber abusado sexualmente de cuatro hermanas, todas menores de edad al momento de los hechos. El pedido fue formulado este miércoles durante la audiencia de cesura realizada en Viedma, instancia en la que se define la pena que corresponderá luego de la declaración de responsabilidad.

La fiscal Maricel Viotti Zilli, acompañada por el fiscal adjunto Tomás García Ansola, recordó que el 28 de abril pasado el acusado aceptó haber cometido cuatro hechos de abuso sexual de distinta gravedad en perjuicio de las hermanas. La acusación puso el foco en las consecuencias que los hechos tuvieron sobre las víctimas y en las condiciones en las que se produjeron.

Durante la jornada declararon cinco testigos convocados especialmente para esta etapa del proceso. También se incorporaron extractos de las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell, en las que las niñas habían relatado lo sucedido. La audiencia fue presenciada por dos de las víctimas, que actualmente son mayores de edad, y una de ellas hizo uso de la palabra antes del cierre del debate.

Viotti Zilli hizo referencia a la situación actual de las cuatro hermanas y citó la evaluación realizada por un psicólogo forense, quien señaló que todas presentan síntomas de estrés postraumático. Entre las consecuencias mencionadas aparecen alteraciones del sueño y de la memoria, dificultades en el rendimiento, pesadillas y recuerdos evasivos o nulos vinculados al período anterior a los hechos.

La fiscal también detalló otros síntomas descriptos durante la pericia, entre ellos malestar psicológico, evitación cognitiva, temblores, taquicardia y miedo constante. El padre de las dos niñas más pequeñas también declaró y confirmó parte de las consecuencias que atraviesan las víctimas. Una de ellas, además, presenta sueños recurrentes relacionados con una de sus hermanas, a quien —de acuerdo con lo expuesto en la audiencia— siente que no puede salvar.

En su alegato, la Fiscalía señaló como circunstancias agravantes la pluralidad de víctimas, la relación de confianza y afecto existente con el acusado y la asimetría de poder respecto de las niñas. Viotti Zilli sostuvo que ese vínculo habría facilitado el accionar del hombre y remarcó las consecuencias sobre la integridad física y psíquica de las víctimas. El padre de las niñas había definido el impacto familiar de los hechos con la expresión: “destruyó a la familia”.

A su turno, el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan José Álvarez Costa, hizo hincapié en el vínculo de familiaridad y afecto entre el acusado y las víctimas. Planteó que los abusos no se limitaron a tocamientos y destacó que dos de las hermanas sufrieron abuso sexual con acceso carnal.

El representante de la Defensoría especializada describió además una progresión de la violencia sexual y pidió que el tribunal considere, al momento de establecer la pena, el número de víctimas, sus edades y las consecuencias que los hechos tuvieron en sus vidas. También mencionó la relación asimétrica de poder y las amenazas utilizadas para concretar los abusos.

La acusación, integrada por la Fiscalía y la Defensoría especializada —que en esta audiencia contó además con la participación de la adjunta Nélida Flores— coincidió en que existen dos posibles circunstancias atenuantes: las condiciones personales del acusado y la ausencia de antecedentes penales. Con esos elementos, ambas partes solicitaron una pena de 20 años de prisión efectiva.

La defensa planteó una posición diferente respecto de la determinación de la pena. La defensora adjunta Belén Blanchet, quien intervino junto a Graciela Carriqueo, aclaró que no desconocían ni relativizaban los hechos reconocidos por su asistido, pero sostuvo que la gravedad del delito no impide analizar las circunstancias personales del acusado al momento de establecer la sanción.

Blanchet centró buena parte de su exposición en la historia de vulnerabilidad social y educativa del hombre. Indicó que abandonó la escuela a los 12 años, quedó sin referentes familiares y se incorporó al mercado laboral informal. También hizo referencia a una pericia que habría establecido un rendimiento intelectual inferior al esperado para su edad cronológica.

La defensa sostuvo que esas condiciones deben ser consideradas al momento de establecer el reproche penal. En ese sentido, describió una trayectoria marcada por la soledad, el desarraigo y la ausencia de acompañamiento estatal, y afirmó que el hombre no habría recibido herramientas educativas o sociales suficientes durante su infancia y adolescencia.

También se puso de relieve su situación desde que permanece detenido, luego de que se radicara la primera denuncia en 2024. La defensa indicó que no recibió ninguna visita durante su detención, dato que habría sido confirmado durante el juicio por un referente del Servicio Penitenciario Provincial y por una defensora civil que declaró en la audiencia.

Con esos argumentos, la defensa pidió que se contemplen como atenuantes las carencias socioeducativas, las condiciones de vulnerabilidad de su historia personal, la renuncia a la confrontación y el aislamiento carcelario. Finalmente, solicitó al tribunal que imponga el mínimo legal de ocho años de prisión efectiva.

Antes de finalizar la audiencia, el tribunal integrado por los jueces Ignacio Gandolfi, Carlos Reussi y Marcelo Chironi le otorgó la palabra a una de las víctimas. El acusado también se expresó en dos oportunidades durante el cierre de la jornada.

Los magistrados adelantaron que la sentencia se conocerá en los próximos días, cuando deberán definir la pena correspondiente a partir de los argumentos planteados por la acusación y la defensa durante esta etapa del proceso.