La exención del Impuesto de Sellos para nuevos contratos destinados a obras viales es el eje de un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro, que busca facilitar la participación privada en la construcción, pavimentación, conservación, reparación y mantenimiento de rutas provinciales.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Marcela González Abdala junto a Martina Lacour, César Domínguez, María Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti. El proyecto plantea incorporar un nuevo inciso a la Ley I N° 2407, que regula el Impuesto de Sellos.

El planteo aparece luego del traspaso a la órbita provincial de las rutas nacionales 22 y 151, mencionado como uno de los puntos que motivan la discusión sobre las herramientas necesarias para sostener y mejorar la infraestructura vial rionegrina.

La propuesta establece que los instrumentos mediante los cuales se formalicen nuevos contratos de obra pública, concesión vial o participación público-privada queden alcanzados por la exención cuando estén destinados directamente a la infraestructura vial provincial. El beneficio alcanzaría a obras de construcción, pavimentación, conservación, reparación y mantenimiento.

Uno de los argumentos centrales del proyecto está relacionado con las dimensiones de la red vial rionegrina. El texto señala que la provincia cuenta con aproximadamente 800 kilómetros de rutas asfaltadas y 5.500 kilómetros de ripio, y plantea que el deterioro de esa infraestructura afecta la transitabilidad, la fluidez, la previsibilidad y la seguridad.

La iniciativa sostiene además que las rutas cumplen un papel que excede la conexión entre ciudades, ya que permiten vincular parajes, áreas rurales, corredores productivos, servicios esenciales y circuitos logísticos. En ese sentido, el proyecto las ubica como una infraestructura vinculada directamente con el transporte y con la actividad económica y social de la provincia.

Actualmente, el Impuesto de Sellos representa el 1% del monto total del contrato, una carga que el proyecto considera un costo adicional sobre la instrumentación de los contratos de obra pública. La propuesta apunta a eliminar ese componente para los nuevos contratos que cumplan con las condiciones previstas.

González Abdala planteó que la medida busca generar herramientas fiscales que permitan estimular la inversión privada en infraestructura vial y facilitar la llegada de capitales destinados a obras en Río Negro. También vinculó la iniciativa con políticas nacionales orientadas a la desregulación, la reducción de la presión tributaria y el incentivo a la inversión privada.

El proyecto establece, no obstante, una condición para acceder al beneficio: las empresas adjudicatarias deberán estar al día con sus obligaciones fiscales provinciales al momento de instrumentar el contrato y mantener esa condición durante su ejecución. Además, la exención no comprende operaciones financieras ni actos o contratos celebrados por terceros, subcontratistas o proveedores, salvo que una ley especial establezca expresamente lo contrario.

De aprobarse, la norma entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, tal como establece el artículo 3° del proyecto.

El planteo legislativo busca así vincular alivio fiscal e inversión privada con la necesidad de ampliar y mantener la infraestructura vial provincial, en un escenario marcado por el nuevo esquema de administración de rutas y por la necesidad de sostener la conectividad territorial de Río Negro.