La posibilidad de prohibir el cierre de escuelas y residencias educativas en localidades de hasta 2.000 habitantes quedó descartada este lunes en la Legislatura de Río Negro, luego de un extenso debate en la comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, donde el proyecto fue rechazado por mayoría. La discusión expuso dos miradas contrapuestas sobre el futuro de la educación rural y el rol del Estado en los parajes de la provincia.

La iniciativa, impulsada por Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), proponía impedir el cierre de establecimientos educativos y residencias en pequeñas localidades. Durante la reunión, los autores sostuvieron que desde 2012 se viene desarrollando un proceso de cierre de escuelas hogares y residencias rurales que afecta el derecho a la educación. Entre los casos mencionados citaron Ramos Mexía, Cerro Alto, Sierra Colorada y Mencué.

Los legisladores argumentaron que estos establecimientos cumplen un rol que excede el educativo, ya que funcionan como espacios de contención para niñas, niños y adolescentes, garantizan alimentación y alojamiento y, en muchos parajes, constituyen el principal punto de conectividad ante situaciones de emergencia.

La postura fue rechazada por representantes del Ministerio de Educación, quienes defendieron la política implementada por el Gobierno provincial. Las funcionarias Marcela Strahl, Romina Procoppo y Paula Quesada explicaron que los cierres registrados corresponden, en la mayoría de los casos, a situaciones transitorias motivadas por la falta de matrícula, en un contexto de disminución de la población rural.

En la misma línea se pronunciaron legisladores de Juntos Somos Río Negro. Norberto Moreno respaldó la posición del Ministerio, mientras que Facundo López sostuvo que una ley que impida cualquier cierre resultaría inviable porque quitaría al organismo educativo la facultad técnica y administrativa para reorganizar la oferta escolar sobre la base de criterios pedagógicos.

Durante el debate, el Ministerio indicó además que parte de las residencias educativas fueron reemplazadas por 27 anexos de Escuelas Secundarias Rionegrinas (ESRN) rurales virtuales y por escuelas de jornada completa. El objetivo, explicaron, es evitar que las y los estudiantes deban permanecer alejados de sus familias, garantizando transporte diario, alimentación y continuidad educativa en sus lugares de origen.

La discusión también sumó las exposiciones de representantes de UNTER, quienes respaldaron el proyecto y remarcaron que la presencialidad y las residencias continúan siendo fundamentales para numerosas familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en zonas donde la escuela representa además un espacio de alimentación y contención social.

A su vez, integrantes del Parlamento Mapuche cuestionaron la política de reorganización educativa al sostener que el cierre o modificación de escuelas ubicadas en parajes donde habitan comunidades originarias se realizó sin los mecanismos de consulta previstos en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución, por tratarse de decisiones que impactan sobre su cultura, identidad y territorio.

Finalmente, la comisión rechazó el proyecto por mayoría, con el respaldo del oficialismo y el rechazo de la oposición.

En la misma reunión también se analizó otro proyecto vinculado al sistema educativo, impulsado por el legislador Juan Martín (PRO), que propone crear un marco regulatorio para la detección temprana, el acompañamiento y el abordaje integral de niñas, niños y adolescentes con Altas Capacidades (AACC).

En ese caso también hubo posiciones contrapuestas. Mientras funcionarios del Ministerio de Educación sostuvieron que la normativa vigente ya contempla la atención a la diversidad dentro del aula y advirtieron que un programa específico podría resultar reduccionista, los impulsores de la iniciativa afirmaron que hoy existe una falta de recursos, capacitación y protocolos que dificulta la identificación y el acompañamiento de estudiantes con altas capacidades.

El proyecto obtuvo un dictamen dividido, aunque con mayoría negativa, por lo que tampoco logró avanzar en la comisión.