La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada generó un fuerte rechazo en el ámbito de la prensa. Juan Pablo Peralta, periodista con más de dos décadas de cobertura en la sede gubernamental, relató cómo se implementó la medida y cuáles son sus implicancias para el ejercicio del periodismo.
Peralta describió lo ocurrido como un hecho “insólito, inédito y violatorio de la Constitución Nacional”, al tiempo que explicó que el impedimento de ingreso se produjo de manera directa, sin notificación previa clara ni fundamentos concretos. Relató al aire, durante el programa Raíz Informativa, conducido por Pedro Caram, que la decisión fue ejecutada a partir de disposiciones vinculadas a la seguridad presidencial, bajo la órbita de la Secretaría General que conduce Karina Milei, y con intervención de la Casa Militar.
El conflicto se originó tras la sospecha oficial de que un periodista habría ingresado con dispositivos de grabación no autorizados, como lentes con cámara incorporada. Sin embargo, Peralta relativizó ese argumento: “Se puede grabar con un celular en espacios que no están vedados. Esto generó una reacción desproporcionada que terminó cerrando la sala de periodistas y bloqueando el acceso”, explicó.
La medida incluyó la revisión de acreditaciones, la eliminación del sistema biométrico de ingreso y la interrupción del acceso habitual a la Casa Rosada. “Nos quitaron la posibilidad de trabajar. Cerraron la sala de periodistas, algo que no ocurrió ni en gobiernos democráticos ni de facto”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que incluso en contextos históricos de fuerte tensión institucional no se habían registrado restricciones de este tipo.
El periodista también describió el impacto cotidiano de la decisión. La imposibilidad de circular por espacios comunes limita el contacto con funcionarios, una práctica central en la cobertura política. “Nuestro trabajo es buscar información, hablar con fuentes, registrar lo que ocurre en el Poder Ejecutivo. Sin acceso, eso se vuelve imposible”, explicó.
Desde una perspectiva más amplia, Peralta planteó que la medida se inscribe en una relación conflictiva entre el gobierno nacional y el periodismo. “Este gobierno sube al ring a quien le conviene. En este momento es el periodismo”, afirmó, al tiempo que cuestionó el discurso oficial que acusa a los trabajadores de prensa de operar con intereses ocultos. “Nos tratan como culpables hasta que se demuestre lo contrario. Eso invierte cualquier lógica democrática”, agregó.
El periodista recordó que la sala de prensa de Casa Rosada funciona desde la década del 40 y que nunca se había interrumpido su funcionamiento. Incluso mencionó el testimonio de colegas históricos que atravesaron distintos gobiernos sin enfrentar restricciones similares. “Ni siquiera en momentos muy duros de la historia argentina se llegó a este punto”, remarcó.
La situación también abre interrogantes sobre el acceso a la información pública en un sistema republicano. La Casa Rosada, como sede del Poder Ejecutivo Nacional, es un espacio clave para la cobertura de decisiones políticas, económicas e institucionales. “Vivimos en un país federal, pero muchas decisiones se toman ahí. Limitar el acceso afecta no solo a los periodistas, sino a la sociedad en su conjunto”, señaló Peralta.
Desde el interior del país, el impacto adquiere una dimensión particular. Medios regionales, como los de Río Negro, dependen en gran medida del trabajo de periodistas acreditados para acceder a información de primera mano sobre políticas nacionales que inciden directamente en las provincias. La restricción, en ese sentido, profundiza la centralización informativa y debilita la mirada federal.
Finalmente, Peralta expresó que existen gestiones en curso para revertir la situación, aunque advirtió que el conflicto podría escalar en el plano judicial. “Tenemos que demostrar que no somos espías. Es absurdo, pero es el escenario que nos plantean”, concluyó.
El episodio reabre el debate sobre los límites del poder político frente al ejercicio del periodismo y pone en discusión garantías básicas como la libertad de prensa y el acceso a la información, pilares esenciales de cualquier sistema democrático.
18 abril 2026
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