Las rutas nacionales que atraviesan Río Negro siguen acumulando demoras, obras inconclusas y contratos sin definición. En ese escenario, el senador nacional de La Libertad Avanza, Enzo Fullone, presentó en la Cámara Alta un proyecto para regularizar convenios de obra pública paralizados y avanzar en un esquema de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno nacional.

La iniciativa, denominada “Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública”, propone ordenar contratos neutralizados o frenados desde hace años, con el objetivo de eliminar situaciones administrativas pendientes y redefinir el esquema de ejecución de infraestructura nacional.

El legislador explicó el proyecto se enmarca en la política de reestructuración del Estado que impulsa el presidente Javier Milei y apunta a agilizar procesos vinculados a obras consideradas obsoletas o sin viabilidad operativa.

“Estamos estableciendo herramientas transparentes para cerrar situaciones pendientes y liberar el potencial de nuestra infraestructura”, sostuvo Fullone, quien además afirmó que la propuesta busca reducir sobrecostos y brindar previsibilidad tanto al Estado como a las empresas involucradas.

El senador vinculó la discusión directamente con la situación vial de Río Negro, donde distintas rutas nacionales permanecen con trabajos demorados o sin continuidad. Entre ellas mencionó la Ruta Nacional 22, la 23 y la 151, corredores estratégicos para la circulación de la producción y el desarrollo energético regional.

Para el dirigente libertario, la falta de definiciones sobre esas obras afecta la posibilidad de consolidar inversiones vinculadas al crecimiento energético y productivo de la Patagonia. “Para que las inversiones se transformen en trabajo genuino, necesitamos rutas seguras y previsibles”, afirmó.

El proyecto también plantea avanzar hacia un esquema con mayor participación de la inversión privada y menor peso de las estructuras estatales tradicionales en la ejecución de infraestructura pública.

Desde La Libertad Avanza sostienen que el objetivo es transformar el funcionamiento administrativo del Estado y generar condiciones para acompañar el crecimiento de sectores productivos estratégicos, especialmente en provincias vinculadas al desarrollo energético como Río Negro.